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La Oficina de Atención Permanente
del Distrito Nacional ha dictado 18 meses de prisión preventiva para varios
implicados en la Operación Pandora, una investigación que destapó una red
dedicada a la sustracción de proyectiles de la Policía Nacional. Entre los
acusados se encuentra el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, considerado el
líder de esta organización delictiva.
Detalles de la Medida
La misma medida de coerción se
aplicó a:
·
Subintendente
Juan Miguel Pérez Soler
·
Capitán
Nelson Valdez (encargado
del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos)
·
Segundo
Teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio
·
Cabo
Juan Luis Díaz Medina
·
Rasos
Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina
Los
acusados cumplirán su condena en el Centro de Operaciones Especiales de
Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, que es exclusivo para miembros de la Policía
Nacional.
Otras Medidas
Respecto a otros implicados:
- Auditor Víctor Manuel Santos deberá pagar una
garantía económica de tres millones de pesos, presentar informes
periódicos y tiene prohibición para salir del país.
- Sargento Mayor Miguel Ángel Gómez
Espaillat enfrentará
una garantía económica de dos millones de pesos, también con presentación
periódica y restricción de salida del país.
- Miguelina Bello Segura se encuentra bajo
arresto domiciliario para garantizar su participación en el proceso
judicial.
Acuerdos y Reacciones
Ángel Rubíer Martínez, Juan Luis
Díaz Medina y la civil Miguelina Bello Segura han llegado a un acuerdo con las
autoridades acusadoras. Tras la audiencia, el titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson
Camacho, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal. “La jueza valoró
adecuadamente el comportamiento de estos imputados, quienes traicionaron su
uniforme y a la nación”, afirmó Camacho.
Además,
el tribunal aceptó la solicitud del Ministerio Público para que el caso sea
tratado como de tramitación compleja. Los acusados enfrentan cargos por la
sustracción de al menos 900,000 proyectiles de la Policía Nacional, parte de
los cuales habrían sido vendidos a ciudadanos haitianos.
Esta
situación pone de relieve la grave problemática de corrupción dentro de las
fuerzas del orden y la necesidad de una respuesta judicial contundente.
