ACNUR/Daniel Dreifuss Un niño camina por su barrio Rosalinda, un área de la capital hondureña, Tegucigalpa, conocida por su alto Ãndice de criminalidad.
El
Congreso Nacional de Honduras aprobó esta semana la “Ley de prevención,
atención y protección de las personas desplazadas internamente”, que establece
la base para atender las consecuencias que sufren las personas
que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades y para prevenir nuevos
desarraigos.
La
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acogió con beneplácito la
aprobación y afirmó que “marca un hito al establecer un marco legal esencial
para responder a la compleja situación de miles de personas desplazadas por la
fuerza” en Honduras, donde la violencia ha provocado el desplazamiento de más
de 247.000 personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% niños y
adolescentes.
La
legislación crea un marco institucional y establece mecanismos de prevención y
protección a la población desplazada de amenazas como el reclutamiento
forzado por parte de grupos criminales y la explotación infantil.
Devolverles su dignidad,
esperanzas y derechos
El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados visitó el paÃs
centroamericano la semana pasada y se reunió con el presidente del Congreso
Nacional para hablar sobre la situación humanitaria de los desplazados,
discutir sus necesidades y subrayar la importancia de que fuera aprobado el
entonces proyecto de ley.
Durante
esa misión oficial, Filippo Grandi también escuchó las experiencias
trágicas de los desplazados que han perdido todo y ahora precisan de
asistencia y protección.
“Esta ley
sobre desplazamiento interno es un paso muy necesario para
devolverles su dignidad, esperanzas y derechos. Ahora que se ha aprobado, animo
a las autoridades a implementarla con prontitud”, dijo Grandi.
Enfoque integral
En un
comunicado, ACNUR recalcó el alcance de la nueva normativa, que busca abordar
las necesidades de los desplazados y el fenómeno de los desarraigos masivos de
una manera integral.
Uno de
los aspectos que contempla la legislación, por ejemplo, es la educación. Los
datos indican que el 46% de los estudiantes desplazados debieron
suspender sus estudios o no pudieron volver a la escuela debido a la
violencia de las pandillas que operan en el paÃs. Para atender este problema,
la ley prevé la creación de protocolos de reintegración.
Por otra
parte, el 85% de las personas desplazadas que tienen afectaciones de
salud precisan acceso a servicios de salud mental, por lo que la
normativa los incluye en los programas dedicados a ese efecto.
Otro
grave problema común a la mayorÃa de la población desplazada es el despojo
o pérdida de sus viviendas. De acuerdo con cifras oficiales, el 68%
de los propietarios sufrieron la apropiación, destrucción, abandono o venta de
sus propiedades, y sólo el 32% logró conservarlas tras el desplazamiento. La
ley establece un mecanismo de protección para las viviendas, tierras y
propiedades abandonadas.
ACNUR
afirmó que la nueva ley es una muestra de los avances de Centroamérica y México
en materia de soluciones para los personas desplazadas forzadamente. Asimismo,
refrendó su presteza para apoyar al gobierno hondureño en la respuesta y
prevención del desplazamiento.