ONU/Rocio Franco Dora Valiente, una anciana de 80 años en La Boquilla, Cartagena, Colombia. Según la OMS, el 10% de las personas mayores sufre algún tipo de violencia. Foto: Rocío Franco/Radio ONU.
Dora Valiente, una anciana de 80
años en La Boquilla, Cartagena, Colombia. Según la OMS, el 10% de las personas
mayores sufre algún tipo de violencia. Foto: Rocío Franco/Radio ONU.
En
América Latina y el Caribe, el deterioro de la cobertura de protección
social en la vejez ha dejado hasta el momento a un 34,5% de las
personas mayores de 65 años sin ningún tipo de ingresos ni pensiones, lo que
agrava su vulnerabilidad, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
La
publicación recuerda que la seguridad social es un derecho humano presente
en los instrumentos internacionales en la materia y llama a cumplir con las
garantías básicas de ésta a lo largo de la vida, que incluyen la seguridad
económica para las personas mayores. “Esto significa garantizar la seguridad
económica durante el periodo de retiro de la fuerza de trabajo o cuando existen
dificultades para contar con ingresos laborales”, subraya.
El
análisis refiere que en la región, la precariedad de las personas
mayores se agudizó con la pandemia de COVID-16, detallando que la
proporción de las que carecen de ingresos laborales o pensiones aumentó de
31,9% en 2019 a 34,6% en 2020 y a 34,5% en 2021.
Los datos
desagregados indican que un 46,8% de los mayores de 65 años recibe una pensión,
un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta únicamente
ingreso laboral. En total, sólo el 51,9% cuenta con una pensión.
Cobertura frente a riesgos a lo
largo de la vida
La OIT
destacó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el
conjunto de políticas y programas que aseguren una cobertura integral frente a
los distintos riesgos sociales durante el ciclo de vida, según lo evidenció la
pandemia, y afirma que “la protección social es fundamental para
fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las
disparidades, especialmente en un contexto marcado por una crisis que ha
afectado con mayor fuerza a los sectores más vulnerables”.
Recalcó
asimismo que la protección social para las personas mayores debe incluir
el acceso a la salud y a servicios de cuidados, e hizo énfasis en
que éstos debe ser partes centrales de un sistema integral de protección
social.
El
estudio advierte que la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas
y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades
avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez.
Sistemas contributivos y no
contributivos
La
agencia de la ONU explicó que los sistemas contributivos de pensiones permiten
asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con
los requisitos de edad y años de cotización requeridos para la obtención del
beneficio lo que depende, entre otras cosas, de trayectorias laborales
formales.
De los
programas de pensiones no contributivos, señaló que son la respuesta
para cerrar las brechas de seguridad económica en la vejez
garantizando un piso de protección social en pensiones.
En este
renglón citó el caso de las mujeres en la región, que tienen menores
tasas de participación laboral, mayores tasas de desocupación, desigualdad
de ingresos, baja densidad de cotización y la utilización de tablas de
mortalidad por género que resultan en esquemas de capitalización individual de
menores pensiones en comparación con las de los hombres. Por ello, abundó, es
necesario establecer regímenes de pensiones no contributivas que aseguren un
piso de protección social en la vejez.
En la
región las pensiones no contributivas tienen larga data con una amplia
variedad de programas, algunos de los cuales se mantienen desde hace varias
décadas y otros han sido introducidos en los últimos años. “La pandemia ha
presionado para ampliar la cobertura, mejorar las prestaciones, flexibilizar
las condiciones de acceso a los beneficiarios, entre otras medidas de
respuesta”, enfatiza el documento.
Con la
emergencia de la pandemia, muchos países hicieron reformas a sus sistemas de
pensiones con distinto énfasis según las condiciones de cada nación.
“La
evidencia analizada muestra que la reforma a las pensiones ha ocupado un lugar
preponderante y que, en muchos casos, se trata de iniciativas que complementan
reformas previas o que persisten en el tiempo por no haber logrado los
consensos necesarios en el pasado”, señaló.
Objetivos de los sistemas de
protección social
Según la
OIT, los sistemas de protección social deben tener tres objetivos: cobertura,
suficiencia y sostenibilidad.
Las
dificultades para alcanzar estos objetivos se han agudizado tras la pandemia
dadas las incertidumbres sobre la capacidad de repunte económico,
los espacios fiscales más reducidos, el aumento de las presiones inflacionarias
y el alza de las tasas de interés, entre otros factores.
Las falencias
estructurales tradicionales como el alto nivel de informalidad, las
alteraciones en la organización de la producción y el trabajo, el
envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de dependencia, y
la incidencia de desastres naturales, se suman a los obstáculos para sostener
los sistemas de protección social.
Desafíos
La OIT
enumeró diez desafíos para la consolidación de sistemas de protección social
para la población mayor en América Latina y el Caribe:
- Recuperar el crecimiento
económico
- Aumentar
el empleo formal
- Aumentar
y consolidar el espacio fiscal
- Consolidar
regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y
sostenibles
- Afianzar
regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales
- Establecer
adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en
respuesta a la inflación de cada país
- Incorporar
mecanismos de financiamiento solidarios para atender la situación especial
de los regímenes semicontributivos
- Lograr
la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes
contributivos, semicontributivos y no contributivos que considere las
brechas de género y por rangos de ingresos, promoviendo el fortalecimiento
de la gobernanza y coordinación del sistema como un todo
- Asegurar
la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con
independencia de su situación de ingresos
- Contemplar los posibles efectos y requisitos institucionales para afrontar los efectos en los periodos de transición entre políticas.