Santo
Domingo, RD.- Mediante
el Decreto 68-22, de este viernes 11 de noviembre, el Presidente Luis Abinader dispuso una
serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y
ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del
Estado.
El Decreto dispone de manera
particular que los extranjeros que sean debidamente procesados, serán expulsados conforme a las
atribuciones constitucionales del Presidente para ello y no podrán regresar al país, para lo cual
se dan instrucciones a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.
Algunas de las medidas
adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada
en la Policía Nacional para la prevención y persecución de
las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
En el mismo tenor, se
instruye al Ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía
Nacional, para que en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley,
procedan con la persecución y
sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en
ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del
Estado.
En relación con los
extranjeros a los que se compruebe la comisión de violaciones de propiedad
privada, se instruyó también al director general de
Migración para que ejecute su expulsión del país e impida
de manera definitiva a personas en estas circunstancias ingresar nuevamente a
territorio nacional.
Respecto a esta última
medida, se dispuso por igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores
instruya a los consulados de la República Dominicana establecidos en
los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la
violación de la ley que señala el presente Decreto, a establecer un registro
particular, con el propósito de que estos ciudadanos no
puedan optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al
territorio de la República Dominicana, así sea en calidad de
turista o de residente.
El referido Decreto resaltó
que es de alto interés para la presente Administración la preservación de la seguridad nacional y el orden público, así
como la protección del derecho de propiedad consignado
en el artículo 51 de la Constitución de la República.
Asimismo, se señala que el
Gobierno dominicano ha luchado durante años por asegurar la efectiva
tutela del derecho de propiedad, que resulta hoy en día particularmente
relevante para fortalecer
la seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas las medidas
necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones a la propiedad
privada.