Santo Domingo, RD.-Una especie de comando de campaña, donde supuestamente se distribuían, fue en lo que se convirtió la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Una investigación del Ministerio Público sostiene que hasta el área de
estacionamiento soterrado de la Procuraduría sirvió como depósito de las
compras de bebidas alcohólicas, provenientes de Villa Consuelo, que
posteriormente eran reenvasadas en botellas plásticas para ser distribuidos en
las actividades proselitistas de un movimiento político creado por Rodríguez.
Así mismo, explican que para los mismos fines se preparaban sobres
con RD$400 cada uno, y que estos eran entregados en la oficina del
imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, o en la sede principal de Renovación
2020, ubicada en la Winston Churchill.
Así lo establece el Ministerio Público (MP) en el documento donde
reposan las acusaciones contra Rodríguez, quien desde el pasado martes está a
esperas de que se le conozca medida de coerción tras estallar la “operación
medusa”.
De acuerdo con el MP, se tiene confirmación de que en la sede de
la institución, en la cuarta planta, bajo el nombre de Dirección de
Coordinación Institucional laboraba un personal cuya función real era
únicamente realizar trabajos políticos partidistas para el entonces procurador.
Los empleados contratados en el referido departamento realizaban trabajos desde los pueblos en favor de la imagen de Rodríguez y para ello, según el Ministerio Público, se les asignaron flotas y minutos pagados con los fondos propios de la PGR, dándole uso contrario a lo regulado en las normativos de la ley orgánica del MP.
Como parte de los colaboradores del entramado figuran Daniel
Santos de la Cruz, pasado candidato a diputado por Santiago en anteriores
elecciones, miembro del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y beneficiario de un sueldo de 75 mil pesos como coordinador
por ante el despacho del PGR; y Altagracia Guillén Calzado, que ingresó a la
procuraduría como coordinadora de la dirección administrativa y financiera con
un salario de RD$ 85,000 y, según testigos, también era miembro activo del
Movimiento Político Renovación y fungía como enlace político ante el despacho
del procurador.
El expediente señala a Waleska de Dios de Cabral, Joel Santos
Genao, Raymel Santana Sano, Amel A. Richardson Ferrand, Robinson Espino
Florentino, Sandel Hilari Feliz Lorenzo, Alan Soriano Luciano, Magnolia Cuello
Figueroa y Manuel A. Méndez Jiménez como enlaces pero cuya labor era de activistas
para el movimiento político Renovación 2020, en las diferentes provincias del
país.
Además, el MP señala que el grupo político era el destino final de
fondos desviados, traslados de suministros, uso abusivo de insumos diarios,
incluyendo detergentes, materiales gastables, agua, café, sillas, mesas
plegables y tanques refrigerantes, en lugar de las dependencias o unidades
operativas de la PGR.
Este tipo de casos, de acuerdo con el documento, fue identificado
en la Fiscalía de Uvilla, donde personas sin relación con la entidad y que
tampoco correspondían al departamento específico para las funciones, recibían
los insumos y firmaba sin cédula.
Justamente, los referidos desvíos de dinero guardan estrecha
relación con los procesos electorales internos llevados a cabo para octubre
2019 y que se extendieron hasta las elecciones generales de 2020, donde el
Ministerio Público verificó que en dicho periodo se efectuaron los mayores
incrementos y entregas habituales.
Añaden además que el procurador general de corte, en funciones de
procurador titular de Bahoruco, Esteban J. Cuevas Santana, desconocía dichas
entregas y los datos generales de las personas que supuestamente recibían las
entregas, dejando constancia escrita de ello.
“Lo mismo pasa en procuraduría fiscal de Hermanas Mirabal, en su
dependencia de Salcedo”, indican. Los fiscales tienen el testimonio del titular
Edward Núñez Merette, quien hizo constar no haber recibido ninguna clase de
materiales ferreteros para la Fiscalía de Hermanas Mirabal, que supuestamente
serían usados en la construcción del juzgado de paz de Salcedo, pero los mismos
no fueron recibidos y las requisiciones fueron firmadas por empleados que no
corresponde a la Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal.
“Rainiery Elizabeth Medina Sánchez dijo que parte de dichos
materiales de construcción distraídos y desviados fueron usados en la finca de
la imputada Altagracia Guillen Calzado, no solo se usaron los materiales,
también se usaron parte del personal de la PGR”, señalan los documentos.
Por: Ramón Cruz Benzan, Yadimir Crespo, Yudelka Domínguez, Saulo Mota, Helenny Amparo, para listin diario