La Cámara
de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del Código Penal de
la República Dominicana.
El
informe del proyecto de ley del Código Penal en segunda lectura, fue aprobado
con una votación de 126 diputados a favor y 26 en contra. Mientras que con su
informe y modificaciones la pieza legislativa fue refrendada con 128 votos a
favor y 13 en contra.
La
iniciativa, que ahora pasa al Senado de la República, estudiada por la Comisión
Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, impone penas duras a la
corrupción administrativa, al delito electrónico y otras innovaciones.
Previo al
sometimiento de la pieza en segunda lectura, el presidente de la Cámara de
Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que, al llegar nuevamente a la presidencia
de ese órgano, prometió al país que retomaría el estudio del Código Penal como
una necesidad perentoria del país.
“Cuando
asumí la presidencia de esta Cámara comuniqué al país que nuevamente iba a
retomar la iniciativa del Código Penal en virtud que durante los años que
duramos tanto fuera de la Cámara como los que estuvimos como diputados que
fuera en la presidencia luego del año 2006 se aprobaron varias versiones,
incluso, algunas llegaron a fructificar como Ley lo que también sucumbieron por
falta de promulgación” manifestó Alfredo Pacheco.
Indicó
que el proyecto de ley del Código Penal fue conocido en 11 sesiones de las
cuales 6 fueron para leer el informe y cinco para debatirlos.
Explicó
que durante el estudio del proyecto fueron consultados instituciones y abogados
de prestigio, tras asegurar que en el estudio el Código recogió importantes
sugerencias.
“El
proyecto de ley contiene duras penas contra la corrupción, que es lo que está
exigiendo la República Dominicana en este momento, contiene penas contra los
delitos electrónicos, los delitos modernos, que tanta falta hace en la República
Dominicana y contiene una serie de innovaciones”, puntualizó Pacheco.
Los
diputados, durante la votación, rechazaron varias modificaciones hechas al
informe presentado por la Comisión.
El nuevo
Código contempla que quienes fabriquen, expendan o despachen medicamentos,
bebidas o alimentos adulterados, falsificados o que contengan sustancias
nocivas a la salud, serán sancionados con cuatro a diez años de prisión mayor,
multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público, así como con el
cierre de su establecimiento comercial, fábrica o almacén; y el decomiso de los
bienes, equipos y maquinarias.
También
se sanciona al agente o personal de un recinto policial o militar que niegue a
un detenido el ejercicio del derecho a contactar, vía llamada telefónica a un
familiar, abogado o persona de su confianza para informar sobre la restricción
de su libertad, será sancionado con uno a dos años de prisión menor y multa de
tres veces el salario que perciba el imputado al momento de la comisión de la
infracción.
