¿Quiénes son los implicados
en la operación Calamar y de qué se les acusa individualmente?
Santo
Domingo, RD
Durante el
pasado fin de semana el Ministerio Público reveló la denominada operación calamar, que resultó en el
apresamiento de varios exfuncionarios de las gestiones del expresidente Danilo
Medina, tras la ejecución de 40 allanamientos en varias ciudades.
Al grupo, en
general, se les señala de haber incurrido en asociación de malhechores,
desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y
privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos
vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles.
Sin embargo,
¿quiénes son los implicados en la operación Calamar y de qué se les
acusa individualmente?
Daniel Omar Caamaño Santana
El
Ministerio Público acusa a Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor
general de la República entre 2016 y 2020, de autorizar pagos basados
en cesiones de créditos, en disonancia con las funciones del cargo que
sostenía, y de actuar en complicidad con el exministro de hacienda Donald Guerrero,
el fenecido César Rivas y Luis Miguel Piccirillo, otro implicado en el caso.
La solicitud
de allanamiento también indicó que Caamaño Santana recibió sobornos por
más de RD$366 millones entre diciembre 2019 y julio 2020.
“Se
enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para obtener
beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones ilícitas que
autorizó desde la Contraloría”, leía parte del documento de petición de
allanamientos del Ministerio Público.
Luis Miguel Piccirillo Mccabe
Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de
la Azúcar (CEA), es
señalado de haber coalicionado con los demás investigados para realizar de
manera fraudulenta la compra de terrenos utilizando su poder en la entidad que presidía.
Asimismo, el
Ministerio Público aseguró que, para realizar las compras de terrenos,
realizaron diversas maniobras fraudulentas, que “conllevó a alterar la
naturaleza del CEA”.
También lo
acusan de recibir sobornos de RD$ 58,949,290 de la supuesta estructura de
corrupción para la realización de los mencionados actos que significaría, de
ser encontrado culpable, la estafa y desfalco del patrimonio público.
Claudio Silver Peña Peña
Se desempeñó como director de Catastro Nacional realizando, según los fiscales,
actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, en asociación de
malhechores y coalición de funcionarios, además de prevaricación, estafa,
desfalco y de haber recibido soborno de aproximadamente de RD$
60,280,000.
Igualmente
lo acusan de formar “parte importante” de la presunta estructura de corrupción,
para la realización de avalúos que violaban el procedimiento en beneficio del
entramado.
Además, en
el referido documento fue especificado que, posteriormente, adquirió,
poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández
Gerbasi Fernández fue asesor legal del entonces ministro de Hacienda Donald
Guerrero y
director interino de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública en el
periodo 2016-2020.
Es acusado
de solicitar y recibir un soborno de RD$40,000,000 para poder pagar terrenos
expropiados.
Princesa Alexandra García Medina
Princesa Alexandra García, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa
del Ministerio de Hacienda, es señalada de haberse asociado con los demás
investigados para desfalcar y estafar al Estado aprobando los
expedientes de expropiaciones “sin los méritos necesarios para ser
pagados, aun cuando analistas técnicos de su dirección hicieron la advertencia
de las irregularidades que habían de esos expedientes”.
Oscar Arturo Chalas
El
Ministerio Público aseveró que Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar
Fernández Figueroa, exdirectores de Casino y Juego de Azar, participaron
de forma activa en “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el
cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los
colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia
del Ministerio de Hacienda.
Andrés Guerrero
Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas, acusado de violentar “todas las
reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de
Reservas como una especie de Dispensador de efectivo” de la
supuesta estructura.
Además, de
acuerdo con los fiscales, Guerrero dispuso que gran parte del dinero distraído
de manera fraudulenta fuera entregado en efectivo en las oficinas de Mimilo
Jiménez, utilizando para el transporte de miles de millones de pesos los
camiones blindados del Banco.
Ángel Lockward Mella
Angel Lockward y Agustín Ávila se les acusa
de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de
la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos
y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y
simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal
de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción.
Lockward
también figura en la lista de nombres de las personas que supuestamente, a
través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos ilegales de deuda pública
para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y
beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los
periodos 2019-2020, para financiar la campaña política del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y con este hecho incurrir en lavado de activos y
financierito ilícito de campañas, entre otros delitos.
De manera
similar, en el documento se afirmó que Lockward y Mejía Ávila se presentaron
ante Roberto Santiago Moquete, otro imputado, ofertándole gestionar un pago
irregular a través de la estructura criminal.
Los fiscales
por igual indicaron que en la oficina de abogados Ángel Lockward &
Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para
realizar los pagos a la supuesta estructura criminal del exministro de Hacienda
Donald Guerrero, utilizando la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro
Ma. De la Altagracia Veras, a través de los cuales recibieron la suma de RD$296,637,125
y, a nombre de Mejía Ávila, RD$9,394,526.
El investigado
está relacionado también el caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria
Algodonal S.R.L, en la que recibió una cesión de crédito de más 55 millones de
pesos, en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward.
Alejandro Antonio Constanzo Sosa
Los fiscales
aseguraron que Alejandro Constanzo Sosa recibió pagos indebidos,
como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las
formalidades de la ley.
Añadieron
que este se enriqueció de “manera injustificada” utilizando como amparo
maniobras y operaciones delictuales que fueron autorizadas en conjunto por el
exministro de Hacienda, el excontralor general, y las máximas autoridades del
Consejo Estatal del azúcar (CEA) y de la Dirección General de Bienes
Nacionales.
Roberto Santiago Moquete Ortiz
Moquete Ortiz, de acuerdo con el Ministerio Público, se asoció con los investigados
Ramón David Hernández y Yajaira Encarnación Brito realizando maniobras
fraudulentas para la transformación de las compañías Finca de Recreo
Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre.
También lo
acusan de darle a la supuesta estructura criminal RD$296,637,125.29 a través de
cesiones de crédito firmadas en la oficina del investigado Ángel Lockward.
Ramón David Hernández
Hernández es
acusado de asociarse con Moquete Ortiz y Encarnación Brito para
realizar maniobras ilegales.
Yajaira Brito Encarnación
La
empresaria Yajaira Brito Encarnación es acusada de asociarse con otros
imputados para constituir una compañía con la que usurparon la
propiedad de tres parcelas ubicadas en la franja malecón pertenecientes a dos
razones sociales, estafando al Estado con más de 500 millones de pesos, de los
que fueron cedido más de 408 millones a la presunta estructura criminal
utilizada por Donald Guerrero.
Este grupo
además incurrió en lavado de activos al convertir, transferir y procurar
ocultar el dinero obtenido de forma fraudulenta mediante operaciones de compra
de vehículos como Rubicon, Tahoe, y una casa en Alameda, fincas en Santo
Domingo Norte, entre otros bienes inmuebles.
Marcial Reyes
Marcial
Reyes se asoció con la supuesta estructura de corrupción para estafar al Estado
dominicano, reclamando el pago de una porción terrenos del Aeropuerto
Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de
personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para
ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas
millonarias del dinero público a favor de Donald Guerrero, según los fiscales.
Marcial Humberto Mejía Guerrero
El documento
del Ministerio Público indicó que, Marcial Humberto Mejía Guerrero, designó un
equipo de peritos que se encargaron de manejar a través de maniobras
fraudulentas la licitación, a los fines de adjudicar el proyecto a la empresa
Matero Comunicaciones SRL, representada por German Fernando Mateo
Comunicaciones.
Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández De Paola
Los fiscales
acusan a Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De
Paola de, en asociación de malhechores, aparentar ser herederos
legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas,
usando esa documentación falsa, reclamaron y recibieron pagos, estafando al
Estado dominicano.
Con el
dinero recibido adquirieron bienes muebles e inmuebles, incurriendo en
lavado de activos.
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó
El
empresario Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, de acuerdo con el Ministerio
Público, fue quien financió con RD$21,000,000 el denominado “El Programa o El
Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de
lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en
coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por
Donald Guerrero.
Recibió una
cantidad considerable de recursos producto de esta operación.
Agustín Mejía Ávila
Agustín
Mejía Ávila es acusado de actuar en maniobras ilegales junto a Ángel
Lockward, con los fiscales asegurando que es testaferro de este
último.
Víctor Matías Encarnación Montero
Víctor
Encarnación Montero, exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), es acusado de participar en coalición
con los funcionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra
García y Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, con el fin de estafar al Estado
dominicano.
Esto último,
a través los pagos realizados a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, asumido por
el Ministerio de Hacienda, donde este investigado alteró el procedimiento de la
OISOE, falseó datos sobre volumetría con el fin de preparar cubicaciones
falsas, que justificaran trabajos adicionales no realizados y pagados mediante
libramientos.
Donald Guerrero y José Ramón Peralta
Según el
órgano persecutor ambos, en su función de administradores públicos, “prevaricaron
y se coalicionaron”.
Se les acusa
de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y
financiar de manera ilícita la campaña política del excandidato a la
presidencia del PLD, Gonzalo Castillo.
Afirmaron que,
para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron
con la complicidad de Emilio César Rivas (fallecido), en ese entonces
el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de
los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con
los requisitos legales.
Gonzalo Castillo
En el
documento de petición de allanamientos que hizo el Ministerio Público en el
caso de corrupción Calamar, se establece que Gonzalo Castillo, recibió
$3,957,000,000,00 de manos del imputado Manuel Emilio Jiménez (Mimilo),
para financiar su campaña política a la presidencia del país.
Estos
recursos, indica el documento, eran recibidos por Gonzalo en bolsas y
maletas de viajes.
El
Ministerio Público afirmó que tiene evidencia de que Castillo recibió esta
cantidad en efectivo, en la mayoría de los casos de manera personal, de manos
de Mimilo Jiménez, para listin diario de