EFE
Ecuador
La
justicia ecuatoriana ordenó este domingo la presentación periódica del
expresidente Lenín Moreno (2017-2021) en la Corte Nacional de Justicia, en el
marco de las investigaciones en el caso Sinohydro, que gira en torno a
presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica
Coca-Codo Sinclair.
El juez
Adrian Rojas dispuso la presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte
Nacional de Justicia de Ecuador para Moreno, así como su esposa Rocío y Xavier
M.
El resto
de los procesados deberán presentarse cada ocho días en la misma institución,
además de pesar sobre ellos la prohibición de salida del país y uso de
dispositivos de vigilancia, excepto para Wu Y. para quien se dictó prisión
preventiva.
La
Fiscalía General del Estado recordó que procesa a 37 personas, entre ellas
Moreno, por "su presunta participación en el delito de cohecho: habrían
recibido alrededor de 76 millones de dólares -entre 2009 y 2018 en coimas
provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto hidroeléctrico
Coca-Codo Sinclair".
El pasado
viernes, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó el arresto
domiciliario para Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro.
En la
audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró
necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la
Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de
Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto
domiciliario.
La fiscal
también requirió al juez Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e
inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que
residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de
comisionado de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de
Discapacidad.
SUPUESTOS
SOBORNOS
Salazar
sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que
rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor
central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de
dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el
caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero
ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a
su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal
asignó los otros 440.000 dólares restantes a los hermanos de Moreno, Edwin
(350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000
dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares),
y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De
acuerdo con la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos
tuvieron, presuntamente como beneficiarios, a Conto Patiño, amigo del
expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de
dólares.
La
acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y
al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de
representante legal de Sinohydro.
El caso
Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una
investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con
supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante
(España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese
informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades
que vinculaban a Moreno con la empresa "offshore" INA Investment, que
llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos
cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato
presidencial de Rafael Correa (2007-2017).
Sin
embargo, el exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que
esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien
reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia ecuatoriana por
cohecho en otro caso de corrupción.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016.