Santo
Domingo, RD
La
procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que constituye
un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el ministerio
público, con una insinuación que pretenden reducirlo a un
instrumento de “vindicta política”.
La
magistrada sostuvo que los casos de corrupcion se han ido judicializando en la medida en “que
las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”.
Estas
declaraciones surgen a raíz del discurso del expresidente Danilo Medina, en la
reunión del Comité Central del PLD el pasado domingo,cuando claifico de persecusion politica los casos, que
lleva a cabo el ministerio público desde que culminó su gestión, alegando
que son politizadas las acciones del ente que se autoproclama
independiente.
Germán Brito
reconoció el esfuerzo y trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución
y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa ( Pepca),
gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida
de coerción que involucra a más de una veintena de personas en un fraude contra el Estado que alcanzaría
los 19 mil millones de pesos,al referirse al caso Calamar.
Confió en que el
Poder Judicial sabrá cumplir en este caso con las funciones que le corresponden
conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con
supuestos análogos para garantizar los fines propios de la medida de coerción.
También dijo que las autoridades encargadas de
garantizar el orden público deben actuar con mesura,
garantizando un uso racional de los medios coercitivos de que disponen, “sin
excesos ni abusos”, pues no se puede poner en riesgo la democracia.
