AP
Dubái, Emiratos Arabes Unidos
Irán anunció el sábado la ejecución de un ciudadano británico-iraní que
llegó a ocupar un alto cargo en su Ministerio de Defensa, a pesar de las
advertencias internacionales para suspender su condena a muerte. El
ahorcamiento elevó aún más la tensión con Occidente en medio de las protestas
que sacuden el país desde hace meses.
La ejecución de Ali Reza Akbari, un estrecho aliado del máximo
responsable de la seguridad iraní, Ali Shamkhani, indica una lucha de poder
dentro de la teocracia que rige el país mientras trata de contener las manifestaciones
provocadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre. Además, hizo recordar
las purgas masivas de militares tras la Revolución Islámica de 1979.
La muerte de Akbari enfureció de inmediato a Gran Bretaña, que
junto a Estados Unidos y otros países, ha sancionado a Teherán por su gestión
de las protestas y por suministrar a Rusia los drones cargados con explosivos
con los que Moscú está atacando a Ucrania.
“Este
ha sido un acto cruel y cobarde, perpetrado por un régimen bárbaro que no
respeta los derechos humanos de su propio pueblo”, afirmó el primer ministro
británico, Rishi Sunak.
El
secretario de Exteriores, James Cleverly, convocó al agregado de negocios de
Irán en Gran Bretaña y, por separado, advirtió que “Esto no quedará sin
respuesta”.
Gran
Bretaña sancionó “con efecto inmediato” al fiscal general de Irán, Mohammad
Jafar Montazeri, el sábado por la noche por la ejecución de Akbari.
Irán
convocó igualmente al embajador británico tras la ejecución.
La
agencia noticiosa iraní Mizan, vinculada al poder judicial del país, anunció la
muerte de Akbari en la horca sin decir cuándo ocurrió. Se rumoreaba que habría
sido ejecutado hace días.
Irán
acusó a Akbari, sin ofrecer pruebas, de proporcionar información al Servicio
Secreto de Inteligencia británico, conocido como MI6. En un amplio comunicado,
el poder judicial iraní afirmó que Akbari recibió grandes sumas de dinero, la
ciudadanía británica, y otras ayudas en Londres a cambio de su colaboración.
Desde
hace mucho tiempo, la República Islámica acusa de espionaje a quienes viajan al
extranjero o tienen vínculos con Occidente, a menudo para utilizarlos como
moneda de cambio en negociaciones.
Se
cree que Akbari, que dirigía un centro de estudios privados, fue detenido en
2019, pero los detalles de su caso no se conocieron hasta hace unas semanas.
Los acusados de espionaje y de delitos relacionados con la seguridad nacional
suelen ser juzgados a puerta cerrada y, según los grupos de derechos, no pueden
elegir a sus abogados y no se les permite ver las pruebas en su contra.
La
televisora nacional iraní emitió un video muy editado en el que Akbari hablaba
de las acusaciones, de forma similar a otros que los activistas han descrito
como confesiones forzadas.
El
servicio de la BBC en farsi hizo público el miércoles un mensaje de audio de
Akbari en el que describía las torturas que sufrió.
“Utilizando
métodos fisiológicos y psicológicos, quebraron mi voluntad, me condujeron a la
locura y me obligaron a hacer lo que querían”, afirmaba Akbari. “A fuerza de armas
y amenazas de muerte me hicieron confesar afirmaciones falsas y corruptas”.
Irán
no comentó las acusaciones de tortura. Por su parte, el máximo responsable de
derechos humanos de Naciones Unidas advirtió al país contra la “militarización”
de la pena de muerte como medio para sofocar las protestas.
El
viernes, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, criticó la
ejecución pendiente de Akbari.
“Los
cargos contra Alireza Akbari y su condena de muerte tienen motivaciones
políticas. Su ejecución sería inconcebible”, afirmó el portavoz. “Nos inquietan
enormemente los reportes que indican que el Sr. Akbari fue drogado, torturado
durante su detención, interrogado durante miles de horas y obligado a hacer
confesiones falsas”.
“En
términos más generales, las prácticas iraníes de realizar detenciones
arbitrarias e injustas, confesiones forzadas y ejecuciones por motivos
políticos son completamente inaceptables y deben terminar”, agregó.
Irán
es uno de los países donde más se aplica la pena de muerte, pero no estaba
claro cuándo fue la última vez que ejecutó a un alto cargo de defensa, en
activo o retirado. En 1984, ejecutó al jefe de la Armada, el almirante Baharam
Afzali, y a otros nueve militares acusados de espiar para la Unión Soviética.
La República Islámica lleva meses tratando de denunciar — sin ofrecer evidencia — que países extranjeros han fomentado los disturbios que paralizan el país desde la muerte de Amini tras haber sido detenida por la policía de la moral. Los manifestantes dicen estar enojados por el colapso económico, la dureza con la que actúa la policía y el arraigado poder del clero islámico.