El nuevo
informe de Naciones Unidas Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
2022 asegura que el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe,
es decir unos 131,3 millones de personas, no cuenta con los medios suficientes
para acceder a una dieta saludable.
En el
Caribe, ese porcentaje se dispara hasta el 52% de la población mientras en
Mesoamérica la cifra es del 27,8% y en América del Sur, del 18,4%.
Esto
representa un aumento de ocho millones con respecto al 2019, a raíz de un mayor
costo diario promedio de este tipo de dieta en América Latina y el Caribe
comparado con el resto de las regiones del mundo, llegando en el Caribe a un
valor de 4,23 dólares, seguido de América del Sur y Mesoamérica con 3,61 y
3,47, respectivamente.
La falta
de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable observada en toda la
región también está asociada a diferentes indicadores socioeconómicos y
nutricionales.
Desigualdad, pobreza e inflación
El
informe presenta una clara relación entre el nivel de ingresos de un
país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad.
El
reporte reveló también que el aumento de precios internacionales de alimentos
experimentado desde 2020, especialmente después del inicio del conflicto en
Ucrania, y el alza en la inflación alimentaria que se encuentra por encima de
la media general, han incrementado las dificultades para que las personas
puedan acceder a una dieta saludable.
El
informe incluye recomendaciones y un análisis de políticas para mejorar la
disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos, principalmente, a fin
de apoyar a las personas más vulnerables y a los hogares de bajos ingresos que
gastan una mayor proporción de su presupuesto en alimentos.
Actuaciones
Sin
embargo, Mario Lubetkin, subdirector y representante regional de Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina
y el Caribe, señala que “ninguna política por sí sola puede proporcionar la
solución a esta problemática. Es necesario reforzar los mecanismos de
coordinación nacionales y regionales para responder al hambre y la
malnutrición”, señaló
Y añadió
que, para contribuir a la asequibilidad de dietas saludables, se requiere:
- crear incentivos para la
diversificación de la producción de alimentos nutritivos dirigidos
principalmente a la agricultura familiar y los productores y productoras
de pequeña escala
- medidas
para la transparencia de los precios de estos alimentos en los mercados y
el comercio
- transferencias en efectivo y otras acciones
como la mejora de los menús escolares
Las
políticas comerciales y de mercados pueden desempeñar un papel fundamental en
la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que a través
de una mayor transparencia y eficiencia se reduce la incertidumbre y
se mejora la previsibilidad y estabilidad del comercio agroalimentario
interregional.
La dieta saludable más costosa
“Hablamos
de la región del mundo con la dieta saludable más costosa, lo que afecta
particularmente a las poblaciones vulnerables, como los pequeños
agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afrodescendiente, las
cuales destinan un mayor porcentaje de ingresos a la compra de alimentos”,
explicó por su parte Rossana Polastri, directora regional del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola.
Polastri
propuso “para revertir esta situación”, promover soluciones innovadoras que
diversifiquen la producción y aumenten la oferta de alimentos saludables,
mejorando el acceso de los pequeños productores a los mercados y los alimentos
de calidad”.
En el
informe, se describe también cómo han funcionado algunos programas de
protección social sensibles a la nutrición y que resultan imprescindibles para
apoyar las dietas de la población más vulnerable, particularmente en
situaciones de crisis.
“La
inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los
precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en
Ucrania y las secuelas de la COVID-19”, dijo Lola Castro, directora regional
del Programa Mundial de Alimentos.
Castro
dijo que es imperativo actuar ya, “apoyando a los gobiernos a expandir las
redes de protección social” y recordó como la pandemia demostró
precisamente que la protección social es útil para mejorar la
asequibilidad a una dieta saludable “evitando que crisis como esta golpeen aún
más a las poblaciones afectadas”.
Etiquetado, subsidios e impuestos
Otras
políticas alimentarias, como el etiquetado nutricional, el subsidio de
alimentos nutritivos y la aplicación de impuestos sobre alimentos de alta
densidad energética y mínimo valor nutricional que no contribuyen a dietas
saludables, podrían desempeñar un papel en la asequibilidad de las dietas
saludables y prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y
obesidad.
“Debemos
redoblar los esfuerzos para abordar la malnutrición en todas sus formas promoviendo
políticas públicas para crear entornos alimenticios saludables, eliminar
las grasas trans de producción industrial, implementar el etiquetado frontal de
advertencia, regular la publicidad de alimentos no saludables, establecer
impuestos a las bebidas azucaradas, y apoyar las políticas de alimentación
saludable y actividad física en las escuelas”, consideró la exdirectora de la Organización
Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne.
Y explicó
que “comprender los factores que determinan las malas prácticas alimentarias es
clave para encontrar soluciones y asegurar que todas y todos en la región
puedan acceder a una alimentación saludable”.
A mayor pobreza y desigualdad,
menor dieta saludable
Por
ejemplo, los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad tienden a
presentar mayores dificultades para acceder a una dieta saludable. Esto se
asocia directamente con una mayor prevalencia de hambre, desnutrición
crónica en niños y niñas y anemia en mujeres de 15 a 49 años.
En ese
contexto, Garry Conelli, director regional de UNICEF para América Latina y
el Caribe, declaró que “para que los niños y las niñas puedan crecer sanos, no
sólo es urgente asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos a precios
asequibles. También es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen
una nutrición adecuada (…) focalizando las acciones en las poblaciones más
vulnerables”.
El número de personas con hambre
en la región sigue en aumento
El
panorama socioeconómico de América Latina y el Caribe no es alentador; los
grupos de población más afectados son los niños y niñas menores de 5 años y las
mujeres ya que sufren una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los
hombres.
Entre el
2019 y el 2021, la cifra de hambre en la región aumentó en 13,2 millones,
alcanzando un total 56,5 millones de personas en 2021, situación que también
fue afectada por el impacto de la pandemia causada por la COVID-19.
Este
incremento estuvo liderado por América del Sur, donde 11 millones de personas
adicionales padecieron hambre. Entre 2019 y 2021, el hambre alcanzó una
prevalencia del 7,9 % en América del Sur, el 8,4% en Mesoamérica y el
16,4% en el Caribe.
Con
respecto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, en 2021 el
40,6% de la población regional experimentó esta situación, en comparación a un
29,3% de la población a nivel mundial. La inseguridad alimentaria severa
también es más frecuente en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%).
Otras
cifras presentadas en el informe señalan que la región registra una importante
evolución respecto a la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores
de 5 años.
En 2020,
esta cifra fue del 11,3% en América Latina y el Caribe, aproximadamente 10
puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Sin embargo, 3,9 millones
de niños y niñas de hasta 5 años padecen sobrepeso.
*El
informe es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panamericana de la Salud (OPS; el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.