AP
Washington
La
comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes pudo haber estructurado
un posible caso penal en contra de Donald Trump, pero en realidad eso no hace
que el expresidente esté más cerca de enfrentar un proceso judicial.
El
Departamento de Justicia ya ha estado realizando su propia investigación a gran
escala en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio
federal y a los intentos de Trump y sus aliados de revertir los resultados de
las elecciones presidenciales de 2020.
El
fiscal especial a cargo de dicha pesquisa no ha dado indicios de qué cargos
podrÃa presentar, pero no está obligado a tomar en cuenta la recomendación
penal de la comisión ni a seguir el plan de procesamiento que presentó el
panel.
“Esto es
histórico: que una comisión del Congreso haya recomendado cargos penales en
contra de un expresidente, pero no cambia el hecho fundamental de que el
Departamento de Justicia será el que decida a quién se le deben formular
cargos”, comentó Ronald Weich, decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Baltimore y exasistente del fiscal general para asuntos
legislativos de la agencia.
“El Departamento
de Justicia no debe ser influenciado por ninguna otra rama del gobierno”,
añadió.
El panel refirió
a Trump para un posible proceso penal por cuatro infracciones penales,
relacionadas a la revuelta como tal y a sus intentos de aferrarse al poder.
Estas incluyen acusaciones de que contribuyó a la insurrección, conspiró para
defraudar a Estados Unidos al intentar evitar la transferencia de poderes,
conspiró para hacer una declaración falsa mediante un supuesto plan que
involucraba a los llamados “electores falsos”, y obstruyó un procedimiento
oficial: el conteo de votos electorales por parte del Congreso.
Al menos algunos
de estos posibles cargos abarcan áreas generales que se sabe que el
Departamento de Justicia ya está investigando.
Por ejemplo, la
fiscalÃa emitió en junio una serie de citaciones a republicanos que se
desempeñaron como “electores falsos” en estados reñidos que ganó Trump. El
expresidente y sus allegados presionaron a las autoridades en dichos estados
para reemplazar a los electores de Biden con los suyos con base en acusaciones
engañosas o inexistentes de que se le robó la victoria.
El estatuto de
mayores consecuencias que invocó la comisión es el que penaliza el incitar o
colaborar a una insurrección o rebelión en contra del gobierno. El estatuto
prohÃbe que cualquiera que sea declarado culpable ocupe nuevamente un cargo de
elección popular.
Se desconoce con
qué tanta seriedad considerará el Departamento de Justicia dicho estatuto, el
cual no ha sido utilizado en ninguno de los más de 900 procesos federales
contra los involucrados en el asalto al Capitolio.
En el resumen
ejecutivo del reporte, la comisión afirma que Trump fue responsable directo de
convocar a sus simpatizantes, quienes posteriormente irrumpieron en el recinto
de Washington. Además, resalta cómo es que un juez federal determinó que el
discurso del entonces presidente ante una multitud de partidarios ese mismo dÃa
“plausiblemente” condujo a la revuelta.
Pero la
insinuación por parte de la comisión de que se podrÃa responsabilizar a Trump
por su falta de acción durante el asalto, incluyendo el no haber desplegado a
las fuerzas armadas al Capitolio o esperar horas para pedirle a la multitud que
se dispersara, podrÃa tener sentido “a nivel intuitivo”, pero es una teorÃa que
posiblemente el Departamento de Justicia tome con cautela, comentó Rory Little,
profesor en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California,
campus San Francisco.
“El peligro de
esa idea, que quedarse quieto y observar cómo se produce una insurrección,
cuando se podrÃa hacer algo al respecto, es un precedente bastante peligroso”,
señaló. “El derecho penal estadounidense no suele castigar a la gente que se
queda mirando”.
Aun asÃ, es casi seguro que las remisiones penales aceleren las exigencias por parte de los demócratas y de la opinión pública para que el secretario de Justicia Merrick Garland actúe, ya que ven la remisión, y las pruebas que la acompañan, como una guÃa para el enjuiciamiento.