Santo
Domingo, RD
El Senado
de la República aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley
orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos.
La
iniciativa fue estudiada durante dos años por una comisión bicameral, presidida
por la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful.
La
pieza, que fue leída íntegramente ayer, fue objeto de diversos debates y
algunas modificaciones realizadas por distintos senadores, sin embargo
finalmente se sancionó favorablemente con 28 votos a favor y uno en contra.
El proyecto
define el ordenamiento territorial como la política del Estado que debe estar
al servicio de los intereses general, lo que debe contribuir a la organización
del territorio.
La normativa
establece un marco regulatorio para los planes de Ordenamiento Territorial en
los distintos niveles político-administrativo atendiendo a lineamientos de
interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de
desarrollo sostenible.
Asimismo, los
criterios del ordenamiento territorial abarcan las características naturales
del territorio, la potencialidad, adaptación y resiliencial al cambio
climático, protección a la biodiversidad, eficiencia hídrica, entre otros.
Además,
establece que en política del Estado el Ordenamiento Territorial integra los
instrumentos de planificación del territorio y su relación con los procesos
sociales, económicos y políticos, bajo una dinámica descentralizada, otorgando
mayor participación a los actores territoriales sobre la base de alianzas entre
Estado, sector privado y sociedad civil.
Sistema
Nacional
De igual manera,
la pieza contempla la creación de un sistema nacional de ordenamiento
territorial coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (Mepyd) para supervisar las inversiones públicas y la participación
del sector privado y la sociedad civil, así como la identificación de los
instrumentos de planificación del ordenamiento.
También, a
través de este proyecto, se crea el sistema nacional de información territorial
para procesar datos geográficos del territorio y formular políticas públicas en
atención a estos, coordinadas también por el Myped.
Por otro lado,
el senador Félix Bautista, uno de los proponentes de la pieza, dijo que los
planes de ordenamiento territorial son vinculantes a todos los entes y órganos
de la administración pública central, los particulares, los organismos
autónomos y descentralizados, los municipios, distritos municipales y el
Distrito Nacional.
“Los Planes de
Ordenamiento Territorial, procuran garantizar mayor equidad en la inversión
pública y serán establecidos por 20 años, revisables cada 10 años”, expresó el
senador Bautista.
Sanciones
Otro aspecto que
destacó es que dentro del proyecto, también se establece un régimen de
sanciones y disciplinario ante una clasificación de infracciones.
Específicamente,
La ley establece
un régimen sancionador contemplando multas que van desde 1 a 50 salarios
mínimos, para las infracciones leves de 101 a 1,000 salarios mínimos del sector
público, para infracciones graves.
La reincidencia
se castigará con el doble de estas multas.
Modificaciones
A la pieza se le
hizo una modificación, propuesta por el senador Alexis Victoria Yeb, para que
se tomen en cuenta el tamaño de las áreas verdes dependiendo de la densidad
poblacional.
Esta
modificación fue plasmada en el párrafo 2 del artículo 42 para que en lo
adelante diga: “Las áreas verdes existentes en los suelos urbanizados deberán
de tener una extensión mínima de terreno atendiendo a la densidad poblacional
en la zona y la dimensión del proyecto conforme lo indiquen los reglamentos”.
Otra
modificación también hecha por el mismo senador fue al numeral 2 del artículo
80, para que se le incluya al final “siempre que hayan actuado de manera dolosa
en la realización de los hechos contrarios a la disposiciones de las presente
ley”.
El proyecto de
ley fue presentado los senadores Ricardo de los Santos y Félix Bautista.
La pieza pasará ahora a la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Préstamos US$60
millones
La
Cámara de Diputados aprobó ayer un préstamo por US$60 millones para apoyar la
agenda de “transparencia e integridad”.
El endeudamiento
fue suscrito por el Poder Ejecutivo el 20 de abril con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Según la carta
de motivación enviada por el presidente Luis Abinader, el préstamo tiene como
objetivo general un programa para fortalecer la transparencia, la rendición de
cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos.
En la misiva destaca los objetivos de consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos.