AP
Perú
El
presidente peruano Pedro Castillo dijo el lunes que asistió ante la oficina de
la fiscal general Patricia Benavides para ser interrogado por tres de seis
investigaciones preliminares que se le sigue, en la mayoría de las cuales se le
acusa de dirigir una red de presunta corrupción.
En una
declaración a la prensa desde el palacio de gobierno, donde no se admitió
preguntas, Castillo aseguró que seguirá colaborando con la justicia. “Hemos
negado las imputaciones... vamos a seguir dando la cara y decirle al país que
estamos firmes para conducir el destino del Perú”, indicó.
Su
abogado Benji Espinoza señaló que Castillo es “completamente inocente de todos
los cargos que falsamente se le atribuyen”.
Una
indagación es por un presunto tráfico de influencias en la compra de biodiésel
por 74 millones de dólares. La fiscalía ha señalado que existe la sospecha de
que otorgó un contrato de manera irregular porque el presidente se reunió en
octubre en el Palacio de Gobierno con un empresario local que cuatro días después
fue favorecido con la adjudicación directa.
En la
otra investigación se le atribuye los presuntos delitos de organización
criminal y encubrimiento y está relacionada con el despido en julio de quien
fuera ministro del Interior de Castillo, Mariano González. El exfuncionario
dijo a la fiscalía que su salida se produjo porque al mandatario no le gustó
que organizara un equipo policial para buscar a dos prófugos cercanos al propio
Castillo: uno de sus sobrinos, Fray Vásquez, y al exministro de Transporte,
Juan Silva, aún prófugos. Ambos están indagados por el presunto delito de
organización criminal.
La
tercera indagación busca establecer la responsabilidad de Castillo en el
presunto delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización
criminal, como resultado de que el supuesto grupo dirigido por el mandatario
buscaba beneficiarse con una serie de licitaciones de obras públicas con dinero
del Ministerio de Vivienda en su provincia natal. La Fiscalía analiza si un
decreto firmado por Castillo para desembolsar más de ocho millones de dólares
fue aprovechado por la presunta organización.
Castillo
pide a la fiscalía que se agoten los actos de investigación, que se recabe
todos los elementos de prueba para que en su momento el presidente con toda la
información vuelva a declarar, dijo el abogado del mandatario.
El
gobernante estuvo más de dos horas en el local de la fiscalía donde llegó y más
tarde se retiró en un auto y escoltas. Hace un mes, también asistió a declarar
ante la fiscal general, pero en aquella oportunidad se trasladó a pie. La fiscalía
está a cuatro cuadras del palacio presidencial.
El
mandatario suma seis investigaciones fiscales preliminares, la mayoría por el
presunto delito de organización criminal y corrupción, aunque él niega todas
las acusaciones.
El
presidente no puede ser acusado ante un juez porque la constitución peruana
dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del
parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones. Si
se acumulan argumentos, la fiscal general debe esperar hasta que Castillo
culmine su gestión para que el Congreso permita que sea juzgado.
Su
relación con el Parlamento es tensa. El Congreso de 130 sillas ha buscado
destituirlo en dos ocasiones, pero no lo ha logrado porque no alcanzó los 87
votos necesarios.
En
contraste a las investigaciones fiscales que explotaron hace dos meses, la
popularidad del mandatario que caía en picada, ha comenzado a remontar. Un
sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos publicado el domingo mostró
que su aceptación subió a 29%, mientras su desaprobación bajó a 63%, mientras
8% no opinó. En junio su aprobación era de 19%.
El gobierno de Castillo está previsto que termine el 29 de julio de 2026.