Brindar a las mujeres y las niñas
el acceso a métodos anticonceptivos seguros forma parte de las
responsabilidades de los Estados de garantizar el más alto nivel
posible de salud física y mental para todos, subrayaron este viernes tres
relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU*.
En una declaración conjunta, los
expertos se refirieron a los retrocesos registrados en algunos países que
afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho al
aborto, y recalcaron que las decisiones autónomas de las mujeres y
niñas deben ser respetadas.
“Las leyes de derechos humanos
estipulan que las mujeres deben ser libres de decidir cuándo quedar
embarazadas, cuántos hijos tener y cómo espaciar los embarazos. El
pleno disfrute de las garantías de salud sexual y reproductiva es indispensable
para que las mujeres y las niñas puedan ejercer todos los demás derechos
humanos y para lograr la igualdad de género”, afirmaron.
Sostuvieron también que las leyes
y políticas que niegan a las mujeres y las niñas sus derechos de salud sexual y
reproductiva son “inherentemente discriminatorias”.
Priorizar la salud sexual y
reproductiva
La declaración de los expertos se
produce con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, por celebrarse el 26
de septiembre, y el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre,
fechas que los expertos aprovechan para instar a los Estados y sus
instituciones “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva, y
a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren a las
mujeres y niñas el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud
sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin
temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Los relatores destacaron los
efectos negativos de las restricciones legales a los anticonceptivos por
motivos ideológicos y de la interrupción de servicios de salud sexual y
reproductiva debidos a la pandemia del COVID-19 en los grupos de
población femenina históricamente discriminados, como las niñas, mujeres
negras y afrodescendientes, indígenas, migrantes, refugiadas y desplazadas,
entre otros colectivos.
La declaración cita los datos de
la Organización Mundial de la Salud que indican que cada año
mueren hasta 39.000 mujeres por falta de servicios de aborto seguro y
recalca la importancia de prevenir embarazos no deseados a través del acceso a
métodos anticonceptivos, servicios de aborto seguro y atención postaborto de
calidad.
La religión y la cultura no deben
ser pretexto de discriminación
“Las mujeres y las niñas no
deben ser instrumentalizadas para servir a ideologías fundamentalistas y
agendas populistas. La religión y la cultura no deben utilizarse indebidamente
para discriminarlas y oprimirlas aún más en un contexto mundial de graves
reacciones contra la igualdad de género”, apuntaron los expertos.
Insistieron en que todas las
mujeres y niñas deben tener un acceso adecuado a métodos
anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles de su elección,
incluidos los anticonceptivos modernos de acción corta y prolongada y otros
métodos como la anticoncepción de emergencia, así como cualquier otro método
para evitar embarazos forzados.
Decisiones autónomas
Los relatores explicaron que al
garantizar este derecho, los Estados deben respetar la capacidad de las mujeres
y las niñas para la toma de decisiones autónomas y no limitar el acceso
a los anticonceptivos a la obtención de la autorización de los esposos, parejas
o padres.
Asimismo, argumentaron que las
estrategias de salud sexual y reproductiva deben tener en cuenta las
necesidades de las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres trans y todas
las personas de género diverso para quienes son relevantes.
Advirtieron que los Estados son
responsables de cualquier acto, incluidos los actos de omisión, que
viole los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas por parte de
actores estatales y no estatales.
Esta responsabilidad abarca el
deber de investigar, juzgar y sancionar tales actos, acotaron.
Los relatores llamaron a los
Estados a trabajar arduamente para desmantelar todas las barreras
prácticas ancladas en la falta de regulaciones oficiales, como la
objeción de conciencia y la imposición de un requisito de consentimiento
conyugal, incluso cuando no lo exija la ley.
Los especialistas en derechos
humanos encomiaron el reconocimiento constitucional de los derechos
sexuales y reproductivos que han hecho algunos países y exhortaron a
todos los Estados a adherirse a seguir ese camino.
Los firmantes de la declaración
son:
Tlaleng Mofokeng, la redactora
especial sobre derecho a la salud; Reem Alsalem, relatora especial sobre la
violencia contra las mujeres y niñas; Victor Madrigal-Borloz, experto
independiente sobre la orientación sexual y la identidad de gónero; y el Grupo
de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y niñas.
* Los relatores especiales, es
expertos independientes y los grupos de trabajo forman parte de lo que se
conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de
situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no
son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son
independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a
título individual.