Investigación fue llevada a cabo por
dependencias de la JCE
Barahona, RD.-
En el marco de las acciones que desarrolla la Junta Central Electoral (JCE), en
coordinación con el Ministerio Público, en la detección y procesamiento de los
casos de suplantaciones de identidad y cualquier delito en contra del registro
civil, el Tribunal de Atención Permanente de Barahona impuso medidas de
coerción contra tres empleados de la JCE, y un grupo integrado por dos
dominicanos y seis extranjeros ilegales señalados como presuntos responsables
de cometer delitos de suplantación de identidad y falsedad de documentos.
El arresto del
grupo se produjo tras una labor de inteligencia desarrollada durante varios
meses en las comunidades de Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba, en un operativo
en que participaron las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación
y Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, el Departamento de
Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en coordinación con el
Ministerio Público adscrito a la JCE para asuntos de Registro Civil.
A los nombrados
Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal, quienes fungían como
empleados de las oficialías de Neiba y Galván, respectivamente, se les impuso
la medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva, mientras
que, al también servidor de la JCE, Sucre Omar Duval Silfa, se le impuso
garantía económica y presentación periódica.
Asimismo, a los
ciudadanos Caridad Eugenia Rodríguez Contreras (la Chichi) y Dominguito López
Pérez (Dominguito), se les impuso tres meses de prisión preventiva; y a los
extranjeros ilegales Michell Ange Bien Aime y/o (Estefania), Josué Dupont y/o
Héctor Julio Rosario Núñez, Luis Dupon y /o Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy
Montilla y Yudelka Domice, se les impuso como medida seis meses bajo la
vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.
Conforme a las
indagatorias el modus operandi consistía en que Rodríguez Contreras abordaba a
los ciudadanos extranjeros ilegales en las inmediaciones de la Oficialía de la
12va. Circunscripción de Santo Domingo Este, y les ofrecía facilitarle todo
tipo de documentación falsa para nacionalizarlos como nacidos en el territorio
dominicano.
Por su parte,
Peguero, en complicidad con López Pérez, funcionaba como brazo para falsificar
todo tipo de documentación pública como actas de nacimientos, cédulas y
captaban personas en bateyes y fincas agrícolas, argumentando que tenían
fuertes vínculos en la Junta Central Electoral, aunque el punto principal de
las operaciones era la comunidad de Barahona la modalidad se extendía por parte
de la región sur.
Conforme a las
declaraciones de los nacionales haitianos que intentaron obtener la
nacionalidad falsa, la red de falsificación cobraba RD$70,000.00 y cien mil RD$
100.000 por entregarles el documento fraudulento.
Al grupo se le
imputa haber incurrido en los delitos de suplantación de identidad, uso de
documentos falsos y falsificación de documentos públicos, delitos previstos y
sancionados por los artículos 147 y 148 del Código Penal, que sancionan la
falsedad en escritura; así como la Ley 8-92 sobre la Cédula de Identidad y
Electoral que establece condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Estas medidas de
coerción se suman a otros impuestas por las autoridades en los últimos meses a
solicitud del Ministerio Público adscrito a la JCE.