El titular de la Pepca encabezó, junto a la
procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el equipo de fiscales en la primera
audiencia del juicio preliminar contra los imputados.
Santo Domingo, RD.- La amplia cantidad de pruebas
aportadas por el Ministerio Público en la acusación contra los involucrados en
la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa apuntan a una condena
de 20 años de prisión, adelantó este viernes el procurador adjunto Wilson
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca).
“Nosotros, en todos los casos, hemos estado
dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas puedan
revisar las pruebas. Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de
pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora. Lo que no pueden
negar las defensas es que los hechos que ha presentado el Ministerio Público en
esta acusación, es una acusación para 20 años”, dijo Camacho.
Consideró entendible que se otorguen plazos
ampliados a las defensas para estudiar las pruebas del Ministerio Público.
“Sobre todo, en este caso, que las propias defensas han tenido que reconocer la
cantidad de pruebas, la contundencia de la acusación del Ministerio Público, y
que estas pruebas son abrumadoras. En ese sentido, es entendible el plazo que
el tribunal ha otorgado a las defensas para estudiar estas pruebas”, añadió.
Resaltó que “no deja de ser curioso que algunas de
estas defensas habían acusado al Ministerio Público de no tener pruebas en este
proceso y hoy tienen que reconocer la amplia cantidad de pruebas que tiene el
Ministerio Público y pedirle al juez plazos ampliados para conocer las mismas”.
“Es evidente que la acusación que hemos traído en
este proceso, igual como lo hacemos en todos los procesos, es una acusación
blindada”, indicó Camacho.
El titular de la Pepca recordó que el Ministerio
Público, en todos sus procesos, está de acuerdo en que las personas privadas de
libertad tengan acceso a computadoras para estudiar las pruebas. “Nosotros
hemos mandado a instalar computadoras en los centros para que los acusados
puedan revisar las pruebas. Nosotros hemos estado de acuerdo en todas las
oportunidades con que tengan el tiempo suficiente para revisar esas pruebas. Si
hay que instalar programas no tenemos ningún inconveniente en instalar
programas para que puedan revisar las pruebas”, dijo.
Resaltó que el Ministerio Público cumplirá con
presteza con la entrega de las evidencias en los términos establecidos en la
audiencia de este viernes por el tribunal.
Recordó, sin embargo, que el Ministerio Público ha
aplicado un protocolo en todos los casos para entregar siempre las acusaciones
al tribunal en forma física, incluso. “Por eso, hoy el tribunal ha dicho que
tiene todas las acusaciones necesarias para notificar a las partes y hemos
entregado las pruebas en la forma que establece el Código Procesal Penal
Dominicano”, indicó.
“Nosotros, repito, hemos entregado al tribunal
todas las evidencias, por la cantidad de información que tienen estos discos,
es normal que algunas personas, incluso, por los equipos que utilicen para
abrir los equipos puedan tener inconvenientes, pero en todos los casos hemos
estado dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas
puedan revisar las pruebas”, sostuvo.
Camacho encabezó, junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al equipo de fiscales que litigó en la primera audiencia en esta etapa preliminar del juicio. El equipo lo completaron los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Andrés Mena, Héctor García, Rosa Alba García y Marinel Brea.
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del
Distrito Nacional, al acoger una solicitud de los abogados de los procesados
con la que el Ministerio Público estuvo de acuerdo y lo anunció a primeras
horas de la tarde, decidió pasadas las 11:00 de la noche, aplazar el inicio de
la audiencia preliminar, a fin de que las defensas y sus representados tengan
más tiempo para estudiar el expediente y preparar sus medios de defensa.
El magistrado Martínez suspendió el
conocimiento de la audiencia para el próximo 19 de diciembre, a los fines de
que puedan ser notificados del escrito de acusación del Ministerio Público, así
como las pruebas ofertadas por el Ministerio Público y le otorgó un plazo de 60
días hábiles a partir de la notificación y de una logística, claramente
calendarizada, de entrega a los imputados de la documentación digital.
La audiencia, que inició pasadas las 10:30 de
la mañana y concluyó después de las 11 de la noche del viernes, fue celebrada
en la Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
(Sala Augusta), localizada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del
Centro de los Héroes.
Los imputados de la Operación Medusa enfrentan
cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de
malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos
de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en
este caso el pasado 2 de julio. En el proceso Camacho destacó que “esta es
nuestra acusación más grande, tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de
esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La
acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso guarda prisión el exprocurador
Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el
exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio
Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo,
Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto,
exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos,
cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa
Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector
de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.