El Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de
violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y urgió
a las autoridades del país a actuar inmediatamente para proteger los derechos de
esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado.
En su evaluación sobre el
país centroamericano, publicada este martes, el Comité lamentó que no hubiera
representantes nicaragüenses presentes durante el examen y destacó que el
país no parece contar con una legislación nacional que prohíba la
discriminación racial en los términos de la Convención Internacional
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ni con
disposiciones sobre el tema en el Código Penal.
Según el análisis, pese a los
esfuerzos del Estado realizados para la restitución y revitalización de los
derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios y
afrodescendientes mediante la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe
y el Alto Wangki y Bocay, esos pueblos siguen padeciendo discriminación
estructural como lo reflejan los índices de pobreza y la precariedad,
exclusión y violencia que enfrentan constantemente.
“El Comité reitera su
preocupación sobre la falta de protección explícita y reconocimiento
legal de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte. Además,
el Comité está seriamente preocupado por los reportes que dan cuenta de una
regresión por el Estado parte en la protección y respeto de los derechos de pueblos
indígenas y afrodescendientes”.
Para remediar esta situación,
instó a Nicaragua a adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para
eliminar la discriminación estructural que afecta a esas poblaciones.
Derecho a la tierra
Con respecto a los territorios
indígenas, exhortó al país a garantizar la protección de los derechos de los
pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena
seguridad sus tierras, territorios y recursos; a avanzar en la
demarcación y titulación de esos territorios, y a asegurar el
reconocimiento legal y protección jurídica de los mismos.
Al referirse a las denuncias de
actos de violencia y atentados contra la vida e integridad física de miembros
de pueblos indígenas y afrodescendientes, específicamente en el Territorio
Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, los
expertos deploraron no tener información de que esos abusos se hayan
investigado y que puedan quedar impunes.
Además, citó las agresiones en
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y solicitó al país tomar medidas
urgentes para que los responsables sean enjuiciados y debidamente
sancionados.
Proyectos extractivos
En cuanto al impacto de los
proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura sobre
los recursos naturales en las tierras de los pueblos indígenas y
afrodescendientes, el Comité destacó que la protección de los derechos humanos
y la eliminación de la discriminación racial son esenciales para el desarrollo
económico sostenible.
La evaluación dio cuenta de las
alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación de recursos
naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin
llevar a cabo los procesos de consulta previa, o bien basados en personas
no legitimadas para representar a los pueblos afectados.
El Comité mencionó concretamente
los casos del proyecto del Gran Canal Interoceánico, el de aguas profundas en
Bluefields, el de conservación de bosques y carbono, y el del BioClima,
que afectan al pueblo indígena Rama y a las comunidades
afrodescendientes Kriol y Negra Creole Indígena de Bluefiels.
En este renglón, recomendó al
país que realice estudios independientes sobre los efectos sociales,
ambientales y culturales antes de otorgar licencias para proyectos que
involucren el desarrollo y explotación de recursos naturales en territorios
indígenas o de afrodescendientes; además de consultar debidamente a las
comunidades afectadas y a incluirlas en la toma de decisiones.
Uso excesivo de la fuerza
El examen subrayó, asimismo, los
reportes de usos excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas o
afrodescendientes, incluyendo casos de muertes de integrantes de esas
comunidades que se encontraban en detención.
Para poner fin a estos abusos, el
Comité recomendó la adopción de provisiones que garanticen el respeto
del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de
la fuerza, capacitando a los agentes del orden en la utilización de mecanismos
convencionales y en combate a la discriminación racial.
Acceso a la justicia
Del acceso a la justicia, resaltó
las alegaciones de prácticas discriminatorias persistentes contra
los indígenas y afrodescendientes. “Preocupa la información sobre violaciones a
las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de los miembros de
pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre la práctica de
perfilamiento racial de la población afrodescendiente de la Costa Caribe en el
marco de la lucha contra narcotráfico resultando en falsas acusaciones,
detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial”, apuntó.
En este punto, instó a tomar las
medidas para luchar contra la corrupción y garantizar la
transparencia en el sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha
contra la discriminación racial y el respeto de los derechos humanos.
También pidió al Estado
garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, asegurando
el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido
proceso, así como a defensores capacitados con conocimiento de las lenguas
indígenas e intérpretes que puedan explicarles el contenido de los procesos
judiciales cuando fuera necesario.
Enfatizó, asimismo, la
importancia de velar por que, en el marco de la lucha contra el
narcotráfico, los agentes del orden no lleven a cabo acciones en contra de
personas afrodescendientes basados en la estigmatización y perfilamiento
racial.
Por otra parte, el Comité
manifestó profunda preocupación por las acciones arbitrarias y
represivas del gobierno para cerrar los espacios de participación y
diálogo nacionales implementadas a partir del estallido de la crisis
sociopolítica en abril de 2018.