Santo Domingo, RD.-La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
La
magistrada Kenya Romero ordenó a la superintendencias de Bancos, de
Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el
Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP) proveer al
director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos
financieros, así como todas las informaciones tributarias.
En la
autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden
judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye
todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las
entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de
cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exención de impuestos
relacionadas con 209 personas físicas y jurídicas.
El
Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda, Guerrero, por los
“tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación,
estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de
activos.
La
investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez,
exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro
Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes,
exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.
Igualmente,
Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro
Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño
Santana, excontralor general de la República; Princesa Alexandra García
Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de exmiembros de la dirección de
Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones
públicas que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.
Asimismo,
se identificaron empleados que presuntamente tuvieron participación en los
hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda
administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkis Tejada Ramírez, exdirectora
jurídica de la Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro
y análisis; Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa; Oscar
Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda
Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de
la Dirección de Bienes Nacionales, quien se desempeñaba como asesor de esa
entidad.
También
se menciona a Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes
Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna
de la Contraloría General de la República; Príamo Jiménez Toribio, auditor de
la contraloría; William Antonio Castillo, soporte administrativo de la División
de reconocimiento de deudas administrativas; Joaquín Ernesto Tavares Cabral,
agrimensor de la división de reconocimiento de deuda administrativa; Wilma
Esmeralda Rosario Santana, abogada de esa división.
¿Cómo operaban?
Sostiene
que el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ministro de
Hacienda, para entonces Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas
con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80
por concepto de acuerdos transaccionales. Conforme con la pesquisa, han
identificados que lograron sustraer RD$17, 300,642,051.07 por operaciones
relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, así como la
simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas
administrativas.
Refiere
el Ministerio Público que el elemento común en todas las transacciones o
acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones
de créditos por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su
entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de
carpeta, disolviéndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el
tipo penal de desfalco.
Estructura
Aduce que
el imputado Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental
compuesta por los investigados Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José
Andrés Familia, Femando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo,
Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan
Alexander Tapia Holguín.
También,
Pedro María Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Lockward
Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de
Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello
desfalcar el patrimonio del Estado dominicano.
Precisa
el documento que la corroboración del vínculo directo de Guerrero Ortiz con
estas personas, se verifica en el interrogatorio practicado al señor Bolívar
Antonio Ventura Rodríguez, donde se confirma que los mismos en asociación
servían a los interés del exministro de Hacienda para la realización de actos
ilícitos tendentes a desfalcar al Estado.
“Es así
como los miembros de esta estructura de “corrupción” para estafar al Estado
maniobrando para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protección del
ex ministro de Hacienda, Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar
los pagos burlando todo proceso de control administrativo y legal”, apunta
el documento.
Entiende
el ministerio público que se hace necesario recurrir a la información de los
medios productos financieros y tributarios de los sujetos investigados
precisados en el cuerpo de la instancia y el petitorio de la misma, así
como de las empresas relacionadas, a fin de constatar los pagos recibidos por
la supuesta expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, así como
indagar posibles vinculaciones societarias y financieras.
Sostiene
que la utilidad de la entrega de las informaciones financieras traerá como
resultado el intercambio financiero entre ellos, su capacidad financiera, los
incrementos patrimoniales, transacciones sospechosas, flujo de dinero y hasta
cuentas personales o empresariales, permitiéndole profundizar y robustecer las
investigaciones en curso.
Señala
que es recurrente que el exministro de Hacienda, mediante comunicación, le
instruya al viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina, registrar órdenes de
pagos en el Capítulo 999 “Obligación es del Tesoro, deuda administrativa, por
concepto de acuerdos transnacionales a fin de emitir los libramientos de pagos
envueltos en esta investigación.
Destaca
que en el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la
Contraloría, indica que en la mayoría de los casos se verificaron
diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como
titulares de los derechos afectados por los decretos, y los nombres que figuran
en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos.
Señala
que estos fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos
evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran
rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las
autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y
apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas
administrativas para el proceso de pago.
Sostiene
que continuando con las precisiones del informe han ido corroborando a través
de otros medios de pruebas, que existen diferencias muy marcadas en relación
con los libramientos de pagos que figuran registrados y pagados.
Datos
30 libramientos
Señala
que desde Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el período del 22 de
enero al 27 de julio de 2020, por un monto total aproximado de RD$10, 993,
120,387.60, en tanto que, la Tesorería Nacional, certifica libramientos por un
monto de RD$5,636.093, 821.14, para una diferencia de unos RD$6, 431,
438,750.41. Dicen que Hacienda realizó pagos directos sinel control
previo establecido por la Ley 10-07 de control Interno. Por: Ramón Cruz Benzán, para listín diario