Agência Brasil/Elza Fiuza Durante la pandemia del coronavirus han aumentado los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
Pese a los
esfuerzos de Uruguay para prevenir y combatir la violencia contra la mujer,
como la aprobación de una ley sobre esa temática, la creación del Observatorio
sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, la tipificación del
feminicidio como agravante del homicidio y el aumento del número de refugios,
“la violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno extendido” en la
nación sudamericana.
Así lo destaca el sexto informe del
Comité de Derechos Humanos sobre Uruguay, que indica que durante el
año pasado se
registraron 30 femicidios y 38.925 denuncias de violencia doméstica en
el país, y que todavía sigue sin asignarse el presupuesto para la
implementación efectiva de las medidas de la Ley de Violencia hacia las Mujeres
basada en Género.
También destaca que los operadores judiciales,
los cuerpos policiales y el personal de salud y asistencia social todavía no
cuentan con la “formación y capacitación específica para abordar la violencia
contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, y que todavía hay
“obstáculos
en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y
para la reparación a las familias como víctimas directas”.
En consecuencia, el Comité instó a Uruguay a
dotar “los recursos financieros, técnicos y humanos” para la “prevención,
protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su
territorio”.
Del mismo modo, pidió capacitar a funcionarios
públicos, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden y
personal de salud, entre otros, para que puedan detectar, tramitar e investigar
los casos de violencia contra las mujeres y facilitar la presentación de
denuncias por parte de las víctimas.
Pese a los
esfuerzos de Uruguay para prevenir y combatir la violencia contra la mujer,
como la aprobación de una ley sobre esa temática, la creación del Observatorio
sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, la tipificación del
feminicidio como agravante del homicidio y el aumento del número de refugios,
“la violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno extendido” en la
nación sudamericana.
Así lo destaca el sexto informe del Comité de
Derecho Humanos sobre Uruguay, que indica que durante el año pasado se
registraron 30 femicidios y 38.925 denuncias de violencia doméstica en
el país, y que todavía sigue sin asignarse el presupuesto para la
implementación efectiva de las medidas de la Ley de Violencia hacia las Mujeres
basada en Género.
También destaca que los operadores judiciales,
los cuerpos policiales y el personal de salud y asistencia social todavía no
cuentan con la “formación y capacitación específica para abordar la violencia
contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, y que todavía hay
“obstáculos
en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y
para la reparación a las familias como víctimas directas”.
En consecuencia, el Comité instó a Uruguay a
dotar “los recursos financieros, técnicos y humanos” para la “prevención,
protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su
territorio”.
Del mismo modo, pidió capacitar a funcionarios
públicos, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden y
personal de salud, entre otros, para que puedan detectar, tramitar e investigar
los casos de violencia contra las mujeres y facilitar la presentación de
denuncias por parte de las víctimas.
