Santo Domingo, RD. - La Mesa del
Diálogo para la Reforma Electoral, que coordina el Consejo Económico y Social
(CES) y la Junta Central Electoral (JCE), concluyó este martes las discusiones
sobre la modificación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos, con 20 disensos y tres consensos parciales.
Durante el
décimo encuentro celebrado en la sede del órgano electoral, el miembro titular
de la JCE y cocoordinador de la Mesa del Diálogo, Samir Chami Isa, reiteró la
importancia de que el Congreso Nacional apruebe lo más rápido posible los dos
proyectos de las leyes 33-18 y 15-19 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos y de Régimen Electoral, respectivamente.
Informó que
actualmente la JCE está envuelta en la revisión del próximo proceso electoral y
que sería de mucha importancia para la misma poder contar con estas dos nuevas
leyes para los próximos comicios, porque de lo contrario, se tendría que
trabajar con las actuales.
“El Senado de la
República está esperando ansiosamente esta última parte de este proceso, que
prácticamente es una revisión, porque ya nosotros en sesiones anteriores hemos
llegado a los disensos y consensos”, indicó Chami Isa antes de iniciar la
reunión.
Chami Isa
recordó que ya habían llegado a los consensos en los estudios a la Ley de
Régimen Electoral, por lo que este encuentro se convirtió en el último para los
fines evaluativos de las piezas electorales.
En la
jornada de este martes fueron evaluados 23 disensos relacionados a la Ley
33-18, que en la última reunión celebrada el 25 de mayo del año en curso,
habían quedado pendientes para su evaluación.
Al finalizar la
reunión, Chami Isa reiteró la propuesta realizada por la JCE de
que los disensos y consensos sean remitidos directamente al
Senado de la República.
Se recuerda que
la reunión pautada para el 7 de junio fue suspendida por el fallecimiento de
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y delegado del Partido
Revolucionario Moderno ante la JCE.
En el encuentro
participaron varios representantes de los partidos, agrupaciones y movimientos
políticos acreditados ante la Junta Central Electoral, así como representantes
del sector empresarial, laboral y social del país.