Adam Mørk La sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. La Corte también tiene varias oficinas de países alrededor del mundo.
La Corte Penal Internacional (CPI) juzga
los crímenes más graves. Vela por la participación de las víctimas. Asegura que
se lleven a cabo juicios imparciales. Actúa como complemento de los tribunales
nacionales. Obtiene un apoyo cada vez más amplio. En sus primeros 20 años de
existencia, la CPI ha logrado progresos considerables en su misión
crucial.
Con motivo de su vigésimo aniversario este 1 de julio de 2022, presentamos cinco funciones de la CPI que contribuyen al logro de un mundo más justo:
Marcus Bleasdale Machetes recogidos durante el proceso de desarme, República Centroafricana.
1. Juzga los crímenes más graves
La CPI se creó teniendo presentes
a los “millones de niños, mujeres y hombres” que “han sido víctimas de
atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia
de la humanidad”. Es el primer tribunal internacional permanente, basado
en un tratado, que investiga y enjuicia a los autores de crímenes de
lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión.
La Corte tiene en curso 17
investigaciones en algunos de los conflictos más violentos del planeta, entre
ellos los de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana,
Georgia o Ucrania. La
Fiscalía de la CPI es un órgano independiente de la Corte. Lleva a cabo
exámenes preliminares e investigaciones y es la única entidad que puede llevar
casos ante la Corte.
A lo largo de los primeros veinte
años de sus operaciones, la CPI ha juzgado y resuelto causas importantes para
la justicia internacional, arrojando luz sobre los crímenes de utilización de
niños soldados, destrucción del patrimonio cultural, violencia sexual o ataques
contra civiles inocentes. Gradualmente, mediante sus fallos en causas
ejemplares, va creando una jurisprudencia autoritativa. Ha abierto 31
causas, y sus magistrados han emitido diez condenas y cuatro absoluciones.
Marcus BleasdaleCráneos recolectados por residentes en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. Las personas murieron en ataques en la región en 2002 y 2003.
2. Vela por la participación de
las víctimas
La Corte no solo juzga y condena
a los responsables de los crímenes más graves; también se asegura de que se
escuchen las voces de las víctimas.
Se consideran víctimas aquellas
personas que han sufrido daños como resultado de la comisión de cualquier
crimen de la competencia de la Corte. Participan en todas las fases de
los procedimientos judiciales de la CPI.
La Corte mantiene contacto
directo con las comunidades afectadas por los crímenes de su competencia
mediante programas de proyección exterior. También procura proteger la
seguridad y la integridad tanto física como psicológica de las víctimas y los
testigos. Aunque las víctimas no pueden presentar sus propios casos, sí pueden
aportar información al Fiscal, que incluso puede llevar a una decisión de
iniciar una investigación.
En la actualidad, el Fondo
Fiduciario de la Corte en beneficio de las víctimas hace realidad las primeras
órdenes emitidas por la Corte en materia de reparación. Mediante sus programas
de asistencia, el Fondo también ha proporcionado apoyo físico, psicológico y
socioeconómico a más de 450.000 víctimas.
3. Asegura que se lleven a cabo
juicios imparciales
Todas las personas
acusadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre ante la
Corte su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Toda persona acusada
tiene derecho a audiencias públicas e imparciales.
En la CPI, las personas sospechosas
o acusadas gozan de derechos críticos, entre los que se incluyen los
siguientes: derecho a ser informadas de los cargos; a disponer del tiempo
y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; a ser juzgadas sin
dilaciones indebidas; a un abogado defensor de su elección; a recibir del
Fiscal pruebas eximentes. Entre estos derechos se cuenta también el de seguir
las sesiones en un idioma que la persona acusada comprenda plenamente.
Ello ha llevado a la Corte a contratar intérpretes y traductores
especializados de más de 40 idiomas, y en algunos casos a la utilización
simultánea de cuatro idiomas durante una misma audiencia.
Durante sus 20 primeros años, los
participantes se encontraron con diversos retos, tanto sustantivos como de
procedimiento, a muchos kilómetros de distancia de las escenas del crimen. Por
añadidura, los crímenes de la competencia de la Corte son de naturaleza
específica, y a menudo crímenes en masa que requieren una cantidad importante
de pruebas y considerables esfuerzos para velar por la seguridad de las
víctimas. Los procesos son complejos, y hay muchos asuntos que se han de
resolver en segundo plano a lo largo de una causa.
ICC-CPI Tres jueces de la CPI durante una audiencia preliminar en el caso contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya (Países Bajos) el 1 de marzo de 2016. El Sr. Al Mahdi fue declarado culpable de haber dirigido intencionalmente ataques contra religiosos y edificios históricos en Tombuctú, Malí.
4. Actúa como complemento de los
tribunales nacionales
La Corte no sustituye a los
tribunales nacionales: es una Corte de último recurso. Corresponde a los
Estados la responsabilidad principal de investigar, juzgar y condenar a los
autores de los crímenes más graves. La Corte intervendrá únicamente
cuando el Estado en el que se hayan cometido crímenes graves de la Competencia
de la Corte no esté dispuesto a asumir esa responsabilidad o no pueda hacerlo.
Los casos de violencia grave van
en rápido aumento en todo el planeta. Los recursos de la Corte siguen siendo
limitados; por consiguiente, ésta solo puede atender a un pequeño número de
causas a un mismo tiempo. La Corte trabaja de consuno con los tribunales
nacionales e internacionales.
5. Obtiene un apoyo más amplio
para la justicia
Con el apoyo de 123 Estados
partes de todos los continentes, la Corte se ha establecido como una institución
judicial permanente e independiente. Sin embargo, a diferencia de los
sistemas judiciales nacionales la Corte no cuenta con su propia policía. Depende
de la cooperación de los Estados, incluso para la ejecución de sus órdenes
de detención o de comparecencia. Tampoco cuenta con un territorio donde
reubicar a los testigos en situación de riesgo. Por ello, depende en gran
medida del apoyo y la cooperación de los Estados.
Al conmemorar el vigésimo
aniversario de la Corte, los Estados de todo el mundo deberían renovar su apoyo
a la Corte con acciones concretas: mediante el apoyo político y económico, así
como a través de la detención de personas sospechosas y la congelación de
sus bienes. Asimismo, deben reiterarle su respaldo con la promulgación de
legislaciones de aplicación que tipifiquen las disposiciones fundamentales del
Estatuto de Roma en la legislación nacional, así como con la
formalización de acuerdos de cooperación voluntarios, en particular acuerdos de
reubicación para los testigos de la CPI.
Tan solo con el compromiso conjunto y renovado de la comunidad internacional la Corte podrá hacer realidad de sus promesas de más justicia y reconciliación para todos.