La SIP deplora intento de aprobar leyes que coarten libertad prensa

Aros News
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Miami, Estados Unidos

La Sociedad Interamerica­na de Prensa (SIP) expre­só preocupación por varios proyectos de ley en Repú­blica Dominicana que insis­ten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprote­gen a los dirigentes ante las críticas.

Según la SIP, la situación genera un efecto de inhibi­ción para la libertad de pren­sa y la labor periodística.

En un comunicado, la SIP criticó que los proyectos de ley buscan sancionar con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representan­tes diplomáticos, alegando que la medida es contraria a los estándares internacio­nales que promueven eli­minar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los ciudadanos.

El desacato, eliminado en muchos países latinoame­ricanos, también está con­templado en la Ley 6132 so­bre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.

Por otro lado, el gobier­no del presidente Luis Abi­nader presentó el 14 de ju­nio al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelin­cuencia, que reemplazará la Ley 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en vigencia.

El nuevo proyecto au­menta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difa­mación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos, sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que eliminen material con­siderado discriminatorio en 24 horas, para evitar mul­tas. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Vemos con preocupación que República Dominica­na esté virando en posición contraria a la libertad de prensa”. Canahuati, presi­dente del Grupo OPSA, de

Honduras, agregó que estas son épocas para descrimi­nalizar los delitos de difa­mación cuando se refieren a personas públicas y para eliminar los privilegios de los poderosos, no para po­tenciarlos, como bien lo hi­cieron en República Domi­nicana años atrás”.

Canahuati hizo referen­cia al beneplácito que ex­presó la SIP en 2016 por una sentencia del Tribunal Constitucional que anu­ló siete artículos de la Ley 6132 de 1962, que crimi­nalizaban los delitos de di­famación e injurias en casos de interés público. La Cor­

 te consideró que eran viola­torios del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.

Aquella sentencia res­pondió a un recurso de in­constitucionalidad presen­tado en febrero de 2013 por los directores de los periódicos El Día, Listín Diario y El Caribe, y por la Fundación Prensa y Dere­cho. Demandaron la elimi­nación de 11 artículos de la ley que criminalizaban la labor periodística y de otros cinco del Código Pe­nal que establecían casti­gos penales por los llama­dos delitos de palabra.

Ante la descriminaliza­ción parcial de los delitos de difamación, la SIP esperaba que se eliminara del Código Penal el castigo carcelario contra los periodistas.

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