En una
acción conjunta de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y el Ministerio de Trabajo,
fueron arrestadas siete personas en esta provincia por su vinculación a la
explotación laboral infantil en perjuicio de al menos 14 víctimas.
Durante
la operación fueron arrestados mediante orden judicial Richard Mora Tapia
(Uribe), Wilian Cabreja Pimentel, Juan Antonio Muñoz (Papito), Noel Tapia, José
Miguel Arias Muñoz, Ana María Alemán Zapata y Elbio Báez Sosa, quienes están
involucrados en la explotación laboral de los menores con edades entre los 8 y
15 años.
En la
operación también participó la Fiscalía de Montecristi, así como miembros de la
Policía Nacional, la Dirección de Niños, Adolescentes y Familia (DINAF) y la
Dirección General de Migración.
Sobre el
caso, la solicitud de la medida de coerción establece que las víctimas, de sexo
masculino, eran utilizadas para labores en fincas sembradas de arroz en corte,
ubicadas en los municipios Castañuelas y Villa Vásquez, donde cumplían un
horario de 6:00 de la mañana a 7:30 de la noche, recibiendo como pago RD$300
pesos diarios.
Mediante
un comunicado de prensa se informó que el grupo fue arrestado luego que las
autoridades pudieran confirmar informaciones recibidas en el sentido de que en
esta provincia se habían identificado situaciones importantes de explotación de
trabajo infantil, donde niños eran utilizados para recoger el arroz en
caballos, de forma inhumana.
La jueza
Javierka Gómez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de
Montecristi, ayer aplazó para este sábado, a las 3:00 de la tarde, el
conocimiento de la medida de coerción del Ministerio Público en contra de los
encartados.
El Ministerio
Público le atribuye al grupo la violación de varios artículos de las leyes Ley
137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03,
del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas
y Adolescentes, y la Ley 16-92, del Código de Trabajo.
El órgano
de justicia resaltó que cuenta con distintas pruebas documentales y
testimoniales en contra de los imputados y dijo que la medida más idónea a
imponer en este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos,
por los cuales podrían enfrentar penas de 15, 20 y hasta 25 años de prisión.