El
Ministerio Público continuará este miércoles la presentación de la medida de
coerción contra 39 integrantes de la red del crimen cibernético que estafó a
cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos
económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad.
Así lo
resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que el Ministerio Público ha
compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas que
vinculan estrechamente a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló
millonarios bienes materiales y en efectivo.
Jáquez se
refirió al tema al ser abordada por periodistas, luego de que la jueza de la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Yiberty Polanco, recesó
la audiencia hasta el próximo miércoles, a las 11:00 de la mañana, tiempo en
que el Ministerio Público continuará con la presentación de las pruebas del
proceso.
La fiscal
refirió que los encartados aprovechaban el estado de vulnerabilidad de sus
víctimas, muchas con edades de entre 80 y 95 años, para estafarlos con historias
falsas en las que les hacían creer que nietos o hijos habían sufrido accidentes
de tránsito y, tras someterlos a sus presiones, les hacían desprenderse de
altas sumas de dinero.
Confió en
que el tribunal validará la contundencia de las pruebas recolectadas durante
meses en el curso de la investigación y destacó que la mayoría de imputados
tiene procesos penales por asesinatos, narcotráfico, violencia y otros delitos,
además de las evidencias obtenidas que prueban que pertenecen a una
organización criminal que se autoidentifica bajo un nombre.
Además de
Jáquez el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Iván Félix,
titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología. Asimismo, por Yarily Toribio, Isabel Santos, Claudio Cordero,
Merlin Mateo y Andrés Octavio Mena.
El
Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados
Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz,
Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura,
Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús
Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael
Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También
contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel
Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista
Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y
Juan de Dios Martínez Brito.
Son
imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez
Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood),
José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso
Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar
Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
Asimismo,
Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then Mena, Willys Mena, Augusto
Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz,
Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Daniel Estévez
Irrizari y Linda Pérez.
Al grupo
se le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y
15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan
la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos,
telemáticos y de telecomunicaciones.
Además,
se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus
numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación
sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del
Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de
malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código,
que instruye sancionar la estafa.
