Santo Domingo, RD.- Todas
las audiencias fijadas para esta semana en Operación Medusa fueron aplazadas
debido a que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el
principal imputado del expediente, recusaron a 29 representantes del Ministerio
Público.
En
ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que
ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del
Ministerio Público que deben decidir sobre la recusación.
“Con
relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha
sucedido en el día de hoy, y lo que ha sucedido en el día de hoy (al igual) que
todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este
proceso, han sido aplazadas”, dijo Camacho a periodistas que lo abordaron a la
salida del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Pasó
ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera
audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia,
primero de control, y luego de solicitud de prórroga”, apuntó.
Enfatizó
que todas las audiencias debieron aplazarse como consecuencia de la recusación
que ha sido presentada en contra de 29 fiscales, “dentro de los que estamos
incluidos”.
“En
consecuencia, nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa en este particular
que no sea esperar la decisión de los órganos del Ministerio Público con
relación a esta recusación que se ha planteado”, dijo.
La
jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 18 de marzo, a las 4:00 de la
tarde, la audiencia para conocer el expediente de la Operación Medusa.
En
la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de
coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro
Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto,
así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para
presentar la acusación formal de este caso.
El
expediente involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a los
coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert,
quienes desde el pasado año cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro
de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El
caso se sigue también contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio
Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen
arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía
económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía
aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Rafael
Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue
arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República
Dominicana.
El
grupo es acusado de integrar el entramado de corrupción por el que es procesado
el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y los funcionarios de su gestión
en el período 2016-2020.
El
pasado 22 de febrero el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
confirmó las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año
pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta
jurisdicción, excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le
conocerá el 18 de marzo próximo.
De
acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de
corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según
estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil
millones de pesos.
El
órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167,
265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de
funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el
Estado.
También,
enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que
tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal,
así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o
alteración de datos y sabotaje.
El
Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2
de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El
exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están
imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17,
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.