Wilson Camacho asegura que los procesos que lleva
el Ministerio Público se investigan y llevan con rigor científico
“Nosotros construimos procesos con rigor
científico; nosotros construimos procesos con los más altos estándares de
calidad, y esos procesos son capaces de soportar cualquier embate de cualquiera
de las defensas”, afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho luego que la
Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificara la prisión preventiva a
tres oficiales imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
El titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reiteró a la prensa a la
salida del tribunal que “nuestros procesos nosotros los construimos blindados”.
Sostuvo que en esta apelación la defensa de los
imputados no presentó al tribunal ninguna razón para variar la prisión
preventiva. “No se le presentó ningún motivo que fuera suficiente como para que
el tribunal anulara la decisión que conoció esta medida de coerción”.
Enfatizó en que “fue una decisión, incluso,
bastante amplia en la que la juzgadora detalló las razones individuales por la
que se impusieron las medidas de coerción; una decisión correcta y en
consecuencia en esa dirección decidió la corte y es una decisión que a nuestro
juicio es apegada a derecho”.
En atención al pedimento del Ministerio Público, la
Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener la
prisión preventiva al general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), al mayor José
Manuel Rosario Pirón (PN) y al coronel (FARD) Yeudy Blandeamil Guzmán
Alcántara.
Los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Daniel
Julio Nolasco y July Tamariz decidieron mantener la medida privativa de
libertad luego de rechazar la petición de las defensas de los encartados.
El tribunal de alzada desestimó los recursos en
virtud de que no han variado las circunstancias que dieron origen a la
imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, la que calificaron
de idónea y proporcional en función de la complejidad de los hechos. También
consideraron la causa probable que han arrojado evidencias razonables sobre la
eventual vinculación de las personas en proceso de investigación, así como la
naturaleza de las imputaciones y el posible grado de lesividad a resarcir,
tratándose de acciones que conciernen al interés general y al orden público.
El equipo que representó al Ministerio Público
también estuvo integrado por Nancy Guerrero, María Melenciano, Miguel Collado y
Emmanuel Ramírez.
El pasado 14 de febrero el tribunal acogió la
solicitud que le hizo el Ministerio Público y dispuso la fusión de los
expedientes para conocerlo en la misma audiencia, la cual fue aplazada para
este lunes 28 de febrero, cuyo fallo fue dado a conocer pasadas las 9:30 de la
noche.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de
coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción
administrativa del caso Coral 5G y declaró el proceso de tramitación compleja.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta
a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou
(FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio
Camilo De los Santos Viola (FARD).
Por su vinculación al caso también cumple prisión
preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel
Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la
primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo
Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al
teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) le fue impuesta presentación
periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal ordenó que la prisión preventiva sea
cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la
provincia San Cristóbal.
En el transcurso de las investigaciones contra los
integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado
obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles
que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las
operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha
establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos
y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los
involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha
ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.