Unsplash/Ekrem Osmanoglu Vista aérea de Riad, la capitalde Arabia Saudita
La responsable de velar por las garantías
fundamentales en el mundo manifestó su inquietud ante el hecho de que algunos
de los juicios no cumplieron con las debidas garantías procesales y la sospecha
de que podrían estar relacionados con el actual enfrentamiento armado en Yemen.
La
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó este lunes la
ejecución colectiva de 81 personas que tuvo lugar el pasado sábado en Arabia
Saudita. Los acusados fueron sentenciados a muerte bajo cargos de terrorismo.
Michelle
Bachelet destacó que los juicios de algunas de las personas condenadas a muerte
no cumplieron con las garantías procesales adecuadas, y que fueron sentenciados
por delitos que no parecían ajustarse al criterio de máxima gravedad, como
exige el derecho internacional.
“También
me preocupa que algunas de las ejecuciones parezcan estar relacionadas
con el actual conflicto armado en Yemen. La ejecución de penas de muerte
tras juicios que no ofrecen las garantías de un juicio justo está prohibida por
el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario y
puede constituir un crimen de guerra”, advirtió.
Entre
las personas decapitadas este sábado, 41 pertenecían a la minoría chiita y
habrían participado en las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012 en las
que se pedía una mayor participación política. Otras siete personas eran
yemeníes y uno era de nacionalidad siria.
El
ajusticiamiento del fin de semana superó el número total de ejecuciones del año
2021 que la Alta Comisionada cifró en 67.
La
definición amplia de terrorismo afecta a la libertad de expresión
Una
de las principales preocupaciones de Bachelet es que la legislación saudita
contempla una definición extremadamente amplia de terrorismo, en la que se
incluyen actos no violentos que supuestamente "ponen en peligro la unidad
nacional" o "socavan la reputación del Estado".
“Con
ello se corre el riesgo de criminalizar a las personas que ejercen su
derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, destacó.
La
Alta Comisionada recordó que la pena de muerte es “incompatible con los
principios fundamentales de los derechos humanos y de la dignidad, el derecho a
la vida y la prohibición de la tortura”.
“No
proporcionar a los familiares información sobre las circunstancias de
las ejecuciones puede equivaler a tortura y malos tratos. Las autoridades
deben devolver los cuerpos de los ejecutados a sus familias”, especificó.
Aunque
la pena de muerte es un delito en desuso en todo el mundo, Arabia Saudita es
uno de los 38 países que continúa aplicándola.
Bachelet
pidió a las autoridades sauditas que detengan todas las ejecuciones, que
establezcan de inmediato una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y que
conmuten las condenas a muerte de las personas sentenciadas.
Finalmente,
les instó a que adapten todas las leyes antiterroristas a las disposiciones
internacionales.
