Al menos 14.000 estudiantes, cientos de
académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a
las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen
este sábado en el limbo después de que el régimen del presidente Daniel Ortega
ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.
De
súbito, estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso
padres de familia, quedaron en el “aire”, tras el cierre de 14
universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a
petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias.
“Es un golpe muy fuerte, porque no sabemos
dónde vamos a ir a estudiar; y nuestros padres, que se han sacrificado (por
nuestros estudios), el golpe es más fuerte para ellos”, dijo a Efe la estudiante Neyma Hernández, de
la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las
protestas antigubernamentales de 2018.
Según
los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las
universidades privadas porque “han incumplido con la entrega de los informes
financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles
Sin Fines de Lucro”, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”.
