Más que casos de corrupción, el Ministerio
Público concentra sus esfuerzos en perseguir estructuras organizadas para
depredar el erario, las cuales son desmanteladas a través de operaciones
dirigidas por fiscales, aseguró este martes el procurador adjunto Wilson
Camacho.
El titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió
al tema al ser abordado por los periodistas luego de que el Cuarto Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional ratificara de nuevo las medidas de
coerción a varios de los imputados por corrupción del Caso Medusa, que
involucra al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y a varios
funcionarios de la gestión que encabezó entre 2016 y 2020.
“Nosotros no perseguimos casos, nosotros
perseguimos estructuras que se han dedicado a depredar el erario, por eso
nosotros hacemos operaciones. ¿Por qué? Porque nuestras operaciones procuran
desmontar esas estructuras. En Pulpo, por ejemplo, se pudieron haber hecho
varios casos, un caso para el tema de las Edes, un caso para el tema de la
Policía, un caso para el tema de la Oisoe, un caso para el tema de salud
pública…, pero la forma de perseguir la corrupción caso a caso es una forma
desfasada y que nos tomaría toda la vida”, dijo.
“La forma correcta de perseguir el crimen
organizado, y perseguir la corrupción, es la de desmontar estructuras de
corrupción, y nosotros estamos concentrados día y noche en trabajar en esa
dirección y seguir desmontando estructuras de corrupción en República
Dominicana”, sostuvo.
El titular de la Pepca refirió “si hay una
cuestión que está clara en los procesos que nosotros hemos llevado a los
tribunales, es que todos son procesos blindados, demostrado en los tribunales”.
En ese sentido, destacó “hemos presentado
una acusación, por ejemplo, en Pulpo, y es la única acusación que ha existido
en este país con más de 3,400 páginas, más de 2,000 evidencias, y esas
evidencias con más de 100,000 archivos”. Dijo que eso garantiza tener ganancia
de causa.
Al ser cuestionado sobre una supuesta
campaña de información impulsada por un imputado de corrupción en las redes
sociales, respondió que no tienen tiempo para darle seguimiento a ese tipo de
publicaciones.
“Miren, nosotros, realmente, tenemos muy
poco tiempo para darle seguimiento a esas cuestiones que se pueden publicar. En
las redes no hemos visto ningún tema con relación a la interpelación, y la
razón por la que no tenemos tiempo es porque nosotros estamos concentrados en
trabajar, en procesar estructuras de corrupción que depredan el erario”.
Camacho enfatizó en que “no tenemos
espacio y no nos vamos a desconcentrar en ese objetivo; nuestro principal
objetivo es procesar personas, procesar estructuras por casos de corrupción y
recuperar el dinero que se ha sustraído de los fondos públicos”.
Destacó que los procesos son pruebas. “En
los procesos, y eso es algo en lo que nosotros somos muy reiterativos, los
procesos no son argumentos; los procesos son pruebas a los tribunales, a los
jueces se convencen con pruebas”.
En sus respuestas a la prensa, el titular
de la Pepca destacó que “por eso, por ejemplo en esta revisión de medida de
coerción de la Operación Medusa, la jueza acaba de ratificar las medidas de
coerción y ha dicho que lo que se le ha presentado (la defensa) han sido presupuestos
insuficientes como para que ella tomara una decisión en sentido contrario”.
El procurador adjunto insistió en que
están concentrados en recabar pruebas y en que cada una de las investigaciones
que realizan, primero, pueda agotar cada una de las líneas de investigación;
segundo, que se aborde a cada una de las personas que se involucran en cada una
de esas líneas de investigación, sin importar cómo se llame, y tercero,
conseguir las pruebas suficientes para llevar esas personas ante los tribunales
con procesos blindados.
“De ese objetivo, a nosotros nada,
absolutamente, nada, nos va a desconcentrar”, concluyó el procurador adjunto
Camacho.
La medida otra vez les fue confirmada a
Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien desde julio del pasado año cumple 18 meses
de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
Hombres.En tanto que la prisión domiciliaria a Alfredo Alexander Solano
Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercede Marte y Jenny Marte
Peña.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz
adoptó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público para que se
mantengan las medidas de coerción en contra de los encartados.
En el caso del exprocurador Rodríguez
Sánchez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación,
Javier Alejandro Forteza Ibarra, a quienes les fueron ratificados en diciembre
los 18 meses de prisión preventiva que cumplen en Najayo Hombres, la revisión
obligatoria está programada para el próximo 19 de marzo.
El proceso judicial también involucra al
exasesor de Comunicación Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía
económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía
aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
De igual manera a Rafael Stefano Canó
Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue
arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República
Dominicana.