Los
programas de tratamiento y educación y las medidas de respuesta a la pandemia
de la COVID-19 permitieron al Sistema Penitenciario superar un año de desafíos
y alfabetizar a cerca de cuatro mil privados de libertad, mientras otros casi
cinco mil completaron los ciclos de educación básica y media.
En adición a estos resultados, 349 internos se inscribieron en
licenciaturas de diferentes áreas del conocimiento y 10 cursan programas de
postgrado.
Además, el sistema trabajó en un frente paralelo, con el
fortalecimiento de las medidas preventivas y de contención de la COVID-19, en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la redacción de las
directrices para la prevención y atención de la enfermedad y la vacunación
tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario.
En el resumen ejecutivo de sus memorias anuales, la Dirección
General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) consigna que
durante todo 2021 la gestión del sistema penitenciario “mantuvo el enfoque
sobre la mejoría de la efectividad del desempeño y los resultados de la
organización y en la reinserción social de las personas en conflicto con la ley
penal bajo su tutela”.
La DGSPC, que encabeza Roberto Hernández Basilio, funge como la
nueva institución gestora del sistema penitenciario, creada en abril del año
saliente en atención al mandato de la Ley 113-21.
En noviembre, la gestión de Miriam Germán Brito, máxima
representante del Ministerio Público, inició el proceso de unificación del
sistema penitenciario con la designación de Hernández Basilio, entonces
responsable de la Dirección General de Prisiones, e Hilda Patricia Lagombra,
quien encabezaba la oficina coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria,
como directora de Centros de Corrección y Rehabilitación.
Esta semana, Hernández Basilio y Lagombra Polanco sostuvieron una
reunión de trabajo con los responsables de las áreas administrativas del
sistema penitenciario. Ambos reafirmaron que el eje central de los programas de
tratamiento de la DGSPC seguirá siendo la educación, porque impulsa y sustenta
la efectiva reinserción social y laboral de los internos.
Al revisar el informe de 2021, los directivos del sistema
ponderaron el esfuerzo en proveer a los privados de libertad los programas de
enseñanza y las capacitaciones que habían sido suspendidas en 2020 debido a la
pandemia.
En 2021 quedaron alfabetizados 3,655 privados de libertad y hay
1,166 inscritos para aprender a leer y escribir. También completaron los
programas de básica y media 4,805 personas y otras 4,771 avanzan en el año
lectivo 2021-2022.
Mientras, 9,773 internos se certificaron para distintos oficios y
otros 3,388 están inscritos en cursos técnicos, la mayoría impartidos por el
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
En coordinación con distintas universidades, 349 personas privadas
de libertad cursan licenciaturas y hasta el momento hay 10 que estudian en
postgrado, como un medio para desarrollar su nuevo proyecto de vida al
completar su reclusión.
En adición a estos resultados, durante 2021, el 69.34% del
personal participó de programas de educación continuada, desarrollados por la
Escuela Nacional Penitenciaria, que con la Ley 113-21 pasó a llamarse Instituto
Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales.
el
sistema penitenciario ejecutó un 97.45% de las solicitudes a audiencias
recibidas, lo cual evidencia la previsión y logística para garantizar el
respeto de los derechos a las personas privadas de libertad.
Los resultados de la evaluación de conducta de las personas privadas
de libertad arrojan que, como producto de las distintas actividades, el 85.26%
de ellos obtuvieron calificación en verde (muy buena), un 12,39% en amarillo
(buena) y un 2.35% en rojo (mala).
