La Pepca destaca
la fortaleza del expediente del caso Coral G5, del cual dijo que, como los
demás, está blindado
“El expediente es
tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido las personas que
están involucradas, la cantidad de bienes que estas personas han adquirido con
el dinero sustraído del erario y con la cantidad de pruebas con que cuenta el
Ministerio Público para sustentar esta medida de coerción”, sostuvo el
procurador adjunto Wilson Camacho respecto al Caso Coral 5G.
La Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que
dirige Camacho, depósito el pasado viernes la solicitud de medida de coerción
en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5, para quienes pide
18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación
compleja.
“Nosotros estamos
concentrados en trabajar. Nosotros estamos concentrados en una cuestión muy
clara: La corrupción no tiene espacio donde esconderse en República
Dominicana”, comentó este domingo el representante del Ministerio Público,
previo a la audiencia en la que se conocerá la medida de coerción para los
imputados.
En ese sentido,
sostuvo que “no podrá esconderse detrás de un uniforme ni un rango militar, y
no podrá esconderse porque eso no es justo, y no es justo, sobre todo, para los
hombres y mujeres que dignifican el uniforme, y no es justo para los hombres y
mujeres que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el
dinero que debiera servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un
grupo de personas que se enriquecen y viven de lujo a costa del bienestar de la
mayoría de los miembros de las fuerzas armadas”.
Explicó que Coral
5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los
mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a
un mismo tribunal control y, de esta manera, incluso, por economía procesal,
que sea llevado en un mismo espacio donde actuarán los mismos representantes
del Ministerio Público.
Camacho habló del
caso tras responder preguntas de periodistas de la fuente judicial que lo
abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, previo al inicio del
conocimiento de la medida de coerción.
El juez Emmanuel
López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional, conoce este domingo la solicitud de coerción presentada por el
Ministerio Público.
El órgano
persecutor de la corrupción depositó a tales fines más de 700 pruebas que
vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado
con la Operación Coral 5G.
La medida fue
solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio
Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como del
capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos
Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura
Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el
teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario
Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez,
César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de
solicitud cuenta con más de 600 páginas, incluyendo documentos de bancos,
títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de
elementos probatorios.
En la audiencia
para el conocimiento de la medida de coerción también representan al Ministerio
Público Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María
Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin
Romero.
El grupo de
imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario
en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de
corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos
4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la
investigación.
A los oficiales de
cuerpos castrenses, incluyendo generales, las autoridades les han ocupado hasta
el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral
5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las
provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada
dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho,
responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la
Pepca.
Previo a estos
operativos, y a consecuencia de la Operación Coral, ya cumplen prisión
preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos
castrenses.