SANTO DOMINGO (República
Dominicana).– El
Ministerio Público concluyó este miércoles con la lectura de la acusación
contra los involucrados en la distribución de los 3.5 millones de dólares
entregados por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) a cambio de ser
beneficiada como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El
Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlín
Ventura, presidenta; Milagros Mercedes Ramírez Cabrera y Leticia
Martínez, donde se desarrolla el proceso, suspendió la audiencia en virtud de
que tenía programado el conocimiento de otros casos.
Isis
de la Cruz, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca), especificó en declaraciones a la prensa que
el juicio se suspendió para el próximo 25 de noviembre, a las 9:00 de la
mañana.
“En
el día de hoy el Ministerio Público continuó leyendo su acusación y concluyó la
misma”, detalló a periodistas que la entrevistaron a la salida de la sala de
audiencias.
Sobre
el avance del proceso, la representante del Ministerio Público dijo que los
abogados del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de
Defensa, presentaron su discurso de apertura.
Por
este caso, son procesados además el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de
Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario
Daniel Aquino Hernández.
También,
la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), así como
la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).
El
Ministerio Público los acusa por incurrir en sobornos, lavado de activos y
enriquecimiento ilícito.
El
proceso se inició en 2016, el Ministerio Público presentó la acusación en 2017
y ahora se encuentra en la etapa de juicio de fondo.
La
empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al
pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La
Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal
Dominicano, la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y
la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado
dominicano.
Durante
la investigación del caso, el órgano de justicia logró obtener pruebas
suficientes que vinculan a los imputados a este acto de corrupción
administrativa.
Las
indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en
el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de
cuentas bancarias, así como la localización del origen de bienes
En marzo pasado, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el envío a juicio de los encartados.