Ramón Cruz Benzán, para listín diario
Santo Domingo, RD
En el documento de solicitud de
medida de coerción contra los 13 imputados en el caso Coral 5G, la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene
que estos crearon empresas, evitaban auditorías con cuadres ficticios, utilizaban
bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencias para
mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas.
Según la solicitud de medidas de
coerción en contra de los encartados, que consta de 634 páginas en las que señala
25 características que tenía la red, el grupo creó instituciones para
suplirles combustibles y materiales gastables que nunca eran entregados, para
lo que realizaban cuadres ficticios.
Según la instancia, los imputados
“nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho
de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia y cuentas por
cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la
Contraloría General de la República”.
Señala que el grupo también asignó
partidas millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia,
que eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y
financieros de las instituciones.
Afirma que también exigían sumas
millonarias, como sobornos, a empresarios suplidores del Cuerpo Especializado
de Seguridad presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad
Turística (Cestur).
Asimismo, anota la acusación,
“utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias
transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente
eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones
castrenses y otras organizaciones”.
Según el expediente, los procesados
“inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó
operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el
objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio
apariencia de una Organización no Gubernamental”, explica.
Indica que pese a la creación de las
empresas para adquirir bienes, estas no presentan operaciones comerciales, y
establece que su único fin era “darle apariencia licita a las propiedades que
adquirían los miembros de la organización”.
Señala que en ese proceso también
fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma “son maniobras
propias del crimen organizado y le servían de escudo para disfrazar
operaciones millonarias de lavado de activos”.
Los implicados “distrajeron fondos
del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar
y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña
suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para
ser distribuido entre los miembros de la organización”.
El Ministerio Público afirma que esta
red utilizaba sellos de la Contraloría General de la República y otras
instituciones para dar apariencia licita a sus operaciones.
Fruto de esas maniobras, agrega,
“adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos
y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias...) para colocar
los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de
personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”.
También, añade, utilizaron bienes
incautados como propios, acciones que afirma les permitían poseer un estilo de
vida propio del crimen organizado.
El Ministerio Público solicita, en
la solicitud de medida de coerción, que el caso sea declarado complejo y a los
imputados se les dicte 18 meses de prisión preventiva.
En el caso figuran, como imputados,
el general Juan Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo de los Santos
Viola; el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin
Antonio Mata Flores; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el
coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo
Roger Pérez Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el mayor José
Manuel Rosario Pirón; César Félix Ramos Ovalle; Miguel Ventura Pichardo;
Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.
Una empleada clave
en el entramado
La Pepca sostiene, en su instancia, la teoría de que más del 90% de las
operaciones financieras de esta red de corrupción fueron realizadas por la
imputada Esmeralda Ortega Polanco, en una sucursal del Banco de Reservas en la
avenida Venezuela, de Santo Domingo Este.
En concurso con esa gerente
bancaria, anota, “se evitaban los controles del sistema financiero, evidenciándose
en que, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas
sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de
transacciones sospechosas y escasos reportes de transacciones en efectivo”.
Además, señala el ente acusador que
los imputados eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para
que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran
alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS) en el Sistema
Financiero Dominicano.
El Ministerio Público sostiene que
la imputada era una especie de “asistente financiera” del coronel Rafael Núñez
de Aza, uno de los imputados en el caso
Expareja de oficial
tenía control de empresa
De acuerdo al documento, la imputada Lucía Rodríguez Jiménez, pareja
sentimental y madre de dos hijos del imputado Núñez de Aza, mantenía el
control operativo y la administración de dicha empresa, además de trabajar en
el área financiera del Cestur, específicamente como subencargada de auditoría
interna.
Señala que esta imputada, buscando
cómo desligarse de la empresa en los documentos societarios, le otorgó a su asistente,
Nicole Gonzá
lez Núñez, el 7 de diciembre de
2015, un poder para realizar gestiones de aperturas de cuentas a nombre de la
empresa, en la sucursal del Banco de Reservas de la avenida Venezuela, y
además le autorizaba la firma de cheques a nombre de SSA Corporation.
Similitudes en
manejo de nóminas
Una de las principales fuentes de recursos ilícitos utilizada por los
miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del
Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del
Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Se establece que existía un esquema
tipo piramidal en el que, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos Torres
Robiou, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de
recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado
coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en nómina por el gerente financiero,
el imputado Rafael Núñez de Aza, y el encargado de tecnología y nómina, imputado
Raúl Alejandro Girón Jiménez.
ENTRAMADO
Pasos para no levantar alertas.
Según la pieza acusatoria levantada por el Ministerio Público, los imputados
eligieron una sucursal del Banco de Reservas y a su gerente, para que las transacciones
realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes
de Transacciones Sospechosas en el Sistema Financiero Dominicano.