SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- Un tribunal de esta localidad
condenó a 40 años de prisión a un hombre que fue acusado por el Ministerio
Público de ocasionarle la muerte a un capitán del Ejército de República
Dominicana durante un asalto a mano armada en 2019.
El
Tribunal Colegiado de San Cristóbal dictó la sentencia contra Leudy
Pérez Araujo o Leudys Pérez Araujo (El Pequeño) por los ilícitos de
homicidio voluntario, tenencia y porte ilegal de arma de fuego y asociación de
malhechores para cometer robo agravado con violencia, en perjuicio del capitán
Richy Sabiel Rubio.
Los
jueces Biulkys Milanés Balbuena, presidenta; Pílades Hernández Méndez,
sustituto de presidenta, y Juan Ramón Cabrera Ysabel, miembro, condenaron al
encartado por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código
Penal, así como 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de
Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Además
de la condena a la pena máxima, que cumplirá en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Hombres, Pérez Araujo deberá pagar tres millones de pesos
de indemnización, así como las costas penales y civiles del proceso.
La
acusación indica que el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche del 8
de junio de 2020 cuando el oficial, su esposa y dos hijas menores de edad
regresaban a su residencia desde Barahona.
La
víctima se desplazaba en una yipeta por la carretera Sánchez y realizó una
parada próximo al municipio Yaguate, momento en que fue sorprendido por Pérez
Araujo y otro hombre sin identificar, quienes se desplazaban armados en una
motocicleta.
El
expediente señala que el hoy condenado le disparó a la víctima con el arma
ilegal que portaba y que posteriormente le sustrajo su arma de reglamento, una
pistola marca Glock, calibre 9 milímetros. Específica que el oficial falleció
en un hospital de San Cristóbal mientras era intervenido quirúrgicamente
producto de la herida de bala que recibió en el estómago.
La
Fiscalía de San Cristóbal estuvo representada por Laura Segura Cordero, quien
tuvo a cargo la investigación, mientras que en la litigación
trabajaron Daryl Montes de Oca y Edward Ramírez.