El procurador adjunto Wilson Camacho resalta la valoración que hizo el tribunal de nuevos presupuestos que aportó el Ministerio Público
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador
adjunto Wilson Camacho destacó este viernes la valoración de los nuevos
presupuestos aportados por el Ministerio Público que hizo el Cuarto Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional, al mantener las medidas de coerción a los
imputados del Caso Medusa por el que guarda prisión el exprocurador general
Jean Alain Rodríguez Sánchez.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que el tribunal se avocó a conocer
la revisión de la medida y que en ese conocimiento evaluó los presupuestos
nuevos que aportó el Ministerio Público y encontró la base probatoria necesaria
para mantener la coerción.
“Como hemos dicho y así lo ha verificado el tribunal, que
eran pruebas suficientes para mantener las medidas de coerción que han
sido impuestas y así lo ha decidido el tribunal, en base a la gravedad de los
hechos que se imputan en esta investigación que tienen delitos como sabotaje,
en violación a la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, estafa contra el
Estado, sobornos y lavado de activos”, dijo.
Sostuvo que la gravedad de esos hechos y los presupuestos
que ha aportado el Ministerio Público, ligado a la deficiencia probatoria de
los argumentos presentados por las defensas, han llevado al tribunal a la
confirmación de las medidas de coerción de esta operación Medusa que se
conocieron en el día de hoy.
Al ser abordado por periodistas de diversos medios de
comunicación, explicó que “los resultados de la audiencia en el día de hoy
habría que verlos en dos vertientes, un primer momento en el que el tribunal
indicó a los imputados Rodríguez Sánchez y Javier Forteza que no le
correspondía la revisión de la medida de coerción en el día de hoy como
consecuencia de que su medida había sido confirmada recientemente por la Corte
de Apelación del Distrito Nacional”.
En ese sentido, dijo con relación a esos dos imputados, que
la revisión de su medida de coerción será el 8 de diciembre del presente año.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, le confirmó las medidas de coerción a los
demás imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022.
El pasado 13 de octubre la magistrada Vásquez dispuso el
aplazamiento de la medida para este viernes, luego de acoger una solicitud de
la defensa de los encartados, para conocer los nuevos presupuestos aportados
por el Ministerio Público para el conocimiento de esta revisión obligatoria de
la coerción.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez Sánchez y los
coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y
Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el
Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San
Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional.
En el transcurso del proceso el Ministerio Público logró
que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la
Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogieran su
petición y ratificaran la prisión preventiva impuesta al exprocurador Rodríguez
Sánchez y a Forteza Ibarra, durante el conocimiento de un recurso de apelación
interpuestos por los acusados.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede
Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto
domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía
económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía
aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete
del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio
Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República
Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una
red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la
República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano
con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos
123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan
la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa
contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3,
párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos
171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07,
sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de
acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación
a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y
relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la
nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo.