República
Dominicana inicia hoy una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus sin estado
de emergencia y sin toque de queda, luego de un año y casi siete meses de que
se detectara la pandemia en el territorio nacional.
Actualmente el país reporta
7,510 casos activos, una ocupación hospitalaria de 33% y 4,067 fallecimientos,
luego de registrar 365,558 casos de coronavirus.
Habrá libre tránsito y
libertad de reunión y asociación, pero se ejecutará la resolución No. 000048.
que limita estas libertades porque se exigirá la tarjeta de vacunación de las
personas, con al menos dos dosis o una prueba PCR con resultados negativos,
realizada siete días antes de ser requerida.
La resolución, que entra en vigencia a
partir del próximo 18 de octubre, establece que las personas deberán presentar
su cons- tancia de vacunación para entrar a bares, restaurantes, supermercados,
tiendas, gimnasios, centros deportivos y de diversión, centros laborales y de
estudios. La medida también incluye el transporte público, urbano e interurbano.
De igual
forma, se mantiene el uso obligatorio de las mascarillas, el lavado de manos y
el respeto al distanciamiento físico.
El
derecho y la salud
Ante la
medida de la presentación de la tarjeta de vacunación, el abogado Omar Ramos
consideró que más allá de que se viole algún derecho fundamental, estos están
protegidos, entiende que la disposición es un tema de interés nacional y de
seguridad pública para prevenir que el COVID-19 afecte a la población
dominicana, tras la eliminación del toque de queda.
“Todos
debemos ceder cierta autoridad de nuestro derecho para que la sociedad en
sentido general tenga salud, bienestar y en consecuencia exigir la tarjeta de
vacunación en algunos establecimientos para que la vida se desarrolle con
diafanidad. Eso es correcto y totalmente constitucional”, dijo.
Con
respecto a la falsificación de la tarjeta de vacunación, el jurista explicó que
las leyes de Salud Pública establecen que cualquier violación o vulneración a
temas que tienen que ver estrictamente con documentos médicos pudiera conllevar
hasta la cárcel.
Entre
tanto, el abogado Domingo Ramírez explicó que, si bien es cierto que la
Constitución establece en el artículo 40, numeral 15, el principio de
legalidad, cuando se dice que a nadie se puede obligar a hacer lo que la ley no
manda, no menos cierto es que la salud del pueblo, en sentido general, está por
encima de la salud de un particular.
“Eso
significa que el Estado está en la obligación de diseñar políticas públicas en
materia de salud, que protejan al pueblo, y en este caso la institución
encargada para tales fines es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social”, indicó.
De su
lado, el politólogo y abogado David La Hoz consideró que, en principio, la
exigencia de la tarjeta de vacunación no es mala idea, pero esto ocasionará
muchos conflictos, porque los dominicanos no son dados a andar dar con
documento Fuente: diario libre encima.
“Eso crearía muchas discusiones y conflictos. Es mejor disponer de vacunas y de mascarillas para entrar a ciertos lugares”, dijo.