A cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia, la violencia sigue siendo un gran desafío

Misión de la ONU en Colombia / Elizabeth Tarde. Un excombatiente de las FARC-Ep cultiva ajís en Antioquia, Colombia.

A cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de la ONU destacó este jueves en su último informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en ese país que el proceso de pacificación todavía representa “una fuente de inspiración para el mundo”.

Sin embargo, advirtió que tanto las partes, como la sociedad colombiana y la comunidad internacional, no han de omitir “los enormes desafíos y factores de riesgo” a los que se enfrenta la consolidación de dicho proceso a largo plazo, principalmente focalizado en la violencia y especialmente en territorios indígenas y afrocolombianos.

“Es en zonas como esas donde la implementación de la reforma rural integral y las acciones para fortalecer la presencia integrada de las instituciones del Estado harían una mayor diferencia para frenar la violencia”, indica el titular de la ONU.

Casi 300 excombatientes han muerto tras la firma del Acuerdo

El último reporte de António Guterres, que abarca el período del 26 de junio al 24 de septiembre de 2021, informa sobre el asesinato de 14 excombatientes de las FARC-EP, lo que eleva la cifra de fallecidos desde la firma del Acuerdo a 292.

La Misión detectó un importante deterioro de las condiciones de seguridad de las y los excombatientes en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde se concentran más de un tercio del total de los asesinatos.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tuvo conocimiento de 43 asesinatos de defensores de los derechos humanos, elevando hasta 158 el número de homicidios contra activistas durante el año pasado. Además, se documentaron 11 masacres que dejaron 38 víctimas, mientras que otras 16 siguen pendientes de verificación.

La continua violencia también provocó desplazamientos masivos y confinamientos, en especial en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas.