Santiago, RD.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón y que este lunes el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación del juez especial que lleve el control del proceso en su contra, por su jurisdicción privilegiada.
Reynoso, quien encabezó el equipo
de litigantes junto al fiscal de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, y
la procuradora de corte Luisa Liranzo, explicó que el Ministerio Público
informará oportunamente a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados
una vez solicite la designación del juez instructor a la Suprema Corte de
Justicia.
“En este proceso, y han sido los
lineamientos que sigue el Ministerio Público bajo la instrucción de la
magistrada Miriam Germán, todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite
con pruebas, va a ser judicializado y procesado”, resaltó.
La responsable de la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público recordó que desde que se inició
la Operación Falcón, el pasado martes, luego de meses de investigación, los
equipos de fiscales, de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) y de otros organismos de seguridad del Estado dominicano siguen en las
calles, las 24 horas del día, “haciendo decenas de allanamientos y operaciones
de investigaciones más con respecto a este proceso”.
El fiscal Bonilla Hiraldo resaltó
que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de Santiago, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida
de coerción contra 21 de los imputados en la red criminal para el próximo
viernes 17 de este mes, a las 10:00 de la mañana.
“La defensa ha reconocido la
complejidad del proceso que el Ministerio Público ha presentado ante el
tribunal. Necesita tiempo, espacio para trabajar en su defensa técnica y
material, lo cual el Ministerio Público entiende”, dijo.
El
Ministerio Público “continuará trabajando el caso en todas las líneas de
investigación que vayan surgiendo cada día”, reafirmó el fiscal de Santiago a
los periodistas que abordaron al equipo de fiscales al salir de la audiencia de
este domingo.
Además de
Reynoso, Bonilla Hiraldo y Liranzo, a la audiencia subieron los fiscales
Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny
Liranzo, Yohanna García y Enmanuel Ramírez.
La Directora
General de Persecución del Ministerio Público destacó que se trata de una
investigación compleja, tal y como lo evidencian los cientos de pruebas
presentadas al tribunal, en la que los fiscales llevan bastante tiempo y que
“está fundamentada en pruebas que son irrefutables”.
Detalló que al
tribunal fueron entregadas, incluyendo en formato electrónico, cientos de miles
de páginas de pruebas recabadas durante la investigación que llevó a la
Operación Falcón, la cual deberá quedar registrada en la historia de República
Dominicana como uno de los más amplios golpes contra el crimen organizado.
Reynoso resaltó
que los fiscales tienen bajo custodia una serie de bienes de toda naturaleza y
que se han ocupado en la operación contra la estructura de crimen organizado
que tenía como centro de operación la ciudad de Santiago, pero que tenía
ramificaciones en varios puntos del país, además de tener conexiones con Puerto
Rico, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.
En la operación
Falcón participan más de 60 fiscales, así como más de 200 agentes de la DNCD,
bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera
Ulloa.
En el transcurso
de las pesquisas se han realizado más de 100 allanamientos, durante los cuales
han sido ocupados más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de
dólares, bienes inmuebles y estaciones de combustibles.
Las
investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico
operaba antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017
incrementó sus operaciones. Entre República Dominicana y Puerto Rico se le
decomisaron al menos 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de
impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas.
Según
estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los integrantes
de la organización lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red
delictiva en la que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia
Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de
dólares producto de esa actividad criminal.
La Dirección
General de Persecución del Ministerio Público explicó que los involucrados en
la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del
crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema
típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega
operaciones de narcotráfico.
Los integrantes
de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas
de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas,
vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas
de apuestas y empresas de entretenimiento.
También,
financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red criminal
tenía su base de operación en la provincia Santiago con ramificaciones en la
región este del país. Sus integrantes, según se ha determinado durante las
indagatorias, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, incluso
solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.
Para el
desmantelamiento de la red criminal, que traficó con toneladas de cocaína y que
lavó al menos 10 mil millones de pesos, las autoridades dominicanas cuentan con
la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de
Drogas (DEA).
Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.