Con
la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo
golpe al narcotráfico y al lavado de activos, en un ilícito que vuelve a
salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y legisladores.
En esta ocasión sale a
relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad
Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y luego pasó a
formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Fue suspendido
de inmediato mediante decreto.
Además, la directora general
de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice
Reynoso, informó que el diputado perredeísta Héctor Darío Féliz Féliz trató de
transportar a un extraditable del caso de la Operación Falcón, con lo que
pretendía impedir que fuera arrestado.
El legislador no fue detenido por su investidura, ya que goza
de inmunidad parlamentaria. “Féliz Féliz se encuentra bajo investigación”, dijo
Yeni Berenice.
Por el
caso están detenidos, además de Maldonado Castro, Juan José de la Cruz Morales
(El Hombre o el Don), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa), Lenin
Bladimir Torres Bueno, Rafael Alberto de Jesús y Marisol López Ceballo (Mary).
Además,
Elva Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera,
Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez
Talavera.
El grupo
fue apresado en un operativo conjunto que contó con la participación de Agentes
de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, Drug
Enforcement Administration), el Ministerio Público, la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD) y de la Unidad de Comando Especial contra Terrorismo
del Ministerio de Defensa. Se realizaron más de 80 allanamientos en Santiago,
Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas, en los
que participaron unos 60 fiscales, coordinados por la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público y más de 200 agentes de la DNCD.
El
apresamiento de Maldonado Castro se produjo a escasas horas de que la Fiscalía
en una corte de Florida, en los Estados Unidos solicitara aplazar para el
próximo año, el juicio contra el diputado del PRM Miguel Gutiérrez Díaz, quien
enfrenta cargos por narcotráfico en esa nación.
Política
y narcotráfico
El
involucramiento de políticos en ilícitos sacó de nuevo a la palestra la
necesidad de que los partidos sean más eficientes en la depuración de sus
candidatos, así como la falta de seguimiento de los organismos de inteligencia
estatal a las personas involucradas en el narcotráfico.
Servio
Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que ese tipo de caso refleja
las debilidades de los órganos de inteligencia del Estado, al no poder detectar
a tiempo las vinculaciones.
“La
impresión que se tiene desde la ciudadanía es que la inteligencia dominicana no
ha sido efectiva para que ella per se pueda detectar las personas que se
vinculan a esas actividades ilícitas”, precisó.
Sostuvo
también que los partidos deben ser más cuidadosos para evitar que personas
ligadas a lo ilícito penetren a la política y obtengan candidaturas sin ser
líderes a lo interno de la organización ni tener carrera política.
Lamentó
que cada vez sea más frecuente que personas vinculadas al tráfico de drogas
participen en la política; “la razón es que históricamente ellos utilizaban esa
vía como una forma de sentirse protegidos por parte del poder político” indicó.
Castaños
Guzmán sostuvo que el proceso de reforma a un conjunto de leyes, actualmente en
discusión, es una magnífica oportunidad para tomar en cuenta los aspectos y
situaciones que están afectando al sistema político dominicano.
“Debe
llegar la hora ya, de que estas personas no sigan utilizando el sistema
político con la finalidad de que les garanticen impunidad”, aseveró.
En ese
tenor, el politólogo Jesús Bueno propuso que las leyes 33-18 de Partidos y
Movimientos Políticos y 15-19 Orgánica de Régimen Electoral sean revisadas para
que los precandidatos y candidatos sean investigados y se determine el origen
de sus riquezas.
A su
juicio, es tiempo de endurecer las sanciones penales para quienes incurran en
delitos de lavado de activos y narcotráfico.
“Deben
ser sancionados duramente cuando violen estas leyes, igualmente los principales
dirigentes de los partidos que lo permitan, como también el candidato
presidencial del partido que las viole, los partidos deben investigar de manera
exhausta el origen de la riqueza de los aspirantes a candidatura en su posición
de precandidato”, enfatizó.
¿Quién es
quién?
Juan
Maldonado Castro,
director de Comunidad Digna, fue diputado por cuatro períodos consecutivos, en
representación de la provincia El Seibo.
El 4 de
marzo de 2020, fue juramentado en el PRM y mediante el decreto 467-20 del
pasado 11 de septiembre de 2020 designado como director de Comunidad Digna.
José A.
de la Cruz Morales, fue detenido en agosto del 2012 mientras transitaba por el peaje de la
autopista Duarte en un vehículo con una nevera playera que contenía US$491,460.
En esa
ocasión, la DNCD informó que días después del arresto fue favorecido con un
auto de no ha lugar del juez José D. Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de
Instrucción de la Provincia Santo Domingo.
En julio
del 2013 fue apresado en Puerto Rico cuando intentó ingresar de manera ilegal
en una yola.
En esa
ocasión, la DNCD refirió que tenía antecedentes penales pendientes en Puerto
Rico, de donde hacía años había sido repatriado. En marzo de 2014, José
Alejandro fue arrestado en Miches, El Seibo, tras ser señalado como uno de
cuatro hombres que mataron a tiros a Mairení González Salvador, de 34 años, y a
Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), de 45.
El
homicidio se produjo en agosto del 2013 en Santo Cerro, La Vega, donde fue
trasladado De la Cruz Morales para conocimiento de medida de coerción.
Juan J.
de la Cruz Morales, en noviembre 2016 fue detenido en Puerto Rico vinculado al decomiso de
1,786 kilos de cocaína, cargamento en ese entonces catalogado como el mayor de
la historia de ese país.
Juan José
fue apresado junto a otros seis dominicanos, acusados por un gran jurado
federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde República
Dominicana.
María
Olimpia Tavárez Rodríguez, en marzo de 2013, fue enviada por tres meses a la
cárcel como medida de coerción, acusada del blanqueo de RD$100 millones del
narcotráfico.
Según la Pepca, era novia del colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien cumplió condena en República Dominicana por narcotráfico y lavado de activos.
Ana Peguero,
Andres Santana, Niza Campos y Pedro Sánchez, para diario libre