Desde que Luis Abinader asumió la gestión de gobierno el pasado 16
de agosto del 2020, uno de los puntos en los que más ha trabajado es el combate
de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional y la recuperación de
empleos de miles de dominicanos.
Pero partiendo de
esas dos premisas es que actores políticos, sociales y las mismas iglesias han
atacado otros puntos durante el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno
(PRM).
Uno de los puntos
que más críticas ha recibido por el momento, hasta por los mismos legisladores,
han sido las prórrogas solicitadas por Luis Abinader para extender el estado de emergencia en el país, que hasta
la fecha suman siete las que se han aprobado en el Congreso Nacional.
Las quejas de los
legisladores se realizan cada vez que están ante la aprobación de un estado de
emergencia, y esta vez, senadores y diputados consideraron deberían analizar si
aprueban una nueva prórroga en momentos en el que el país se embarca a la apertura
realizada por el Poder Ejecutivo.
El horario del toque de queda ha
sido modificado en varias ocasiones y ya en dos provincias fue eliminado por la
gran cantidad de vacunados contra el coronavirus. Abinader en días recientes
afirmó que no descarta realizar una nueva petición de prórroga ante el Poder
Legislativo.
Otro de los
puntos que han sido atacados por diversos sectores ha sido la creciente
cantidad de préstamos que han sido tomados por el gobierno que encabeza el PRM.
Uno de los
mayores críticos a este accionar han sido los miembros del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), quienes en reiteradas ocasiones han señalado que
el gobierno ha tomado miles de millones de dólares en préstamos y que hasta el
momento “no han demostrado en que se han invertido”.
Los voceros del
PLD en el Senado y la Cámara de Diputados Yván Lorenzo y Gustavo Sánchez,
respectivamente, han señalado que el gobierno del PRM ha sido uno de los que
menor inversión pública ha tenido en su primer año.
A los préstamos
también se suman el alza de los precios de
la canasta familiar, la peste porcina
africana y el aumento excesivo del
precio del pollo en la República Dominicana que recientemente alcanzó
los RD$95.
El pago de las prestaciones laborales a los
trabajadores públicos se ha vuelto otro de los señalamientos negativos
que se le ha realizado a la gestión del presidente al punto de que senadores
del PLD y la Fuerza del Pueblo hayan “tumbado” una sesión en junio pasado
debido a que no fue aprobado un proyecto de resolución para interpelar al
ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, por no realizar dichos
pagos a los empleados desvinculados desde hace más de un año.
A esto se suman
los reclamos de representantes de la
iglesia que también han enunciado fuertes críticas, ya sea contra las
autoridades de Gobierno o contra los legisladores, debido a la demora en la
aprobación en el Congreso Nacional del Código
Penal Dominicano.
Esta iniciativa
que tiene más de 20 años dentro del Congreso, ha sido sometida a fuego cruzado
por el tema de las tres causales del aborto, lo cual desencadenó que miles de
personas se desplacen en la capital dominicana en concentraciones masivas,
exigiendo la aprobación del Código, unos a favor de que sean introducidas las
causales y otros en contra.
Recientemente la
pieza perimió debido a que los legisladores se negaban a aprobarlo tal cual
llegó de la Cámara de Diputados.
Sectores de la
sociedad a favor y en contra del aborto exigían al presidente “interceder”
entre los legisladores para llegar a un acuerdo para la aprobación de la pieza
legislativa.
Asimismo, los escándalos que involucran a funcionarios de
gobierno y de su partido, han sido parte de los puntos más atacados por la
oposición.
Y es que congresistas y funcionarios se han visto señalados en una serie de problemáticas con la justicia que han terminado con muchos de ellos cancelados de sus funciones y otros bajo investigación por parte del Ministerio Público.
Fuente: diario libre y yosper