Por: José Francisco Peña Guaba
En esta reflexión trataremos
un tema que debiera avergonzarnos a todos los habitantes de esta media isla,
porque nos hemos acostumbrados a ver como algo común o natural un hecho que es
totalmente ilegal, y que transgrede nuestro derecho constitucional a la
privacidad. Las odiosas interceptaciones telefónicas, que se produce cuando un
tercero escucha una conversación telefónica privada, y que también lo puede
hacer a comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto enviados por
dispositivos móviles o por computadores conectados a redes Wifi.
Esa habitual práctica ha existido siempre en nuestra patria, desde que
llegó el servicio telefónico el 1 de abril de 1886, a través de la Compañía
Domingo Electric Company, propiedad del ciudadano norteamericano, Preston C.
Nason, como verán estás ilegales acciones tienen más de 100 años pero, en los
últimos 50 años como expresó en su artículo de opinión en mayo del años 2019 el
connotado abogado Francisco Álvarez (Pancho), citó: “Sabemos que desde el sector privado siempre ha existido un lucrativo
negocio, ilegal y sucio, de interceptaciones que se venden para fines
inconfesables, sin que ninguna autoridad haya querido ponerle fin a esta
práctica, a pesar de que todo el mundo conoce a las personas que se dedican a
esta actividad”.
Como bien explicó el
jurisconsulto, las escuchas telefónicas y copiar los mensajes de textos de
correos o WhatsApp, es un servicio
que se le ofrece a cualquiera que tenga con que pagarlo, y son varios
personajes que se dedican desde hace tiempo a esta ilegal actividad, teniendo
por clientes a todo tipo de personas, militares, políticos y empresarios pero,
lo más sorprendente es que han trabajado los hackers locales que se dedican al espionaje telefónico, hasta para
el propio gobierno.
El almirante retirado de la
Armada, Sigfrido Pared Pérez, quien estuvo al frente del Departamento Nacional
de Investigaciones (DNI), expresó en una alocución que las interceptaciones
privadas se habían disminuido, porque los equipos para realizarlas eran muy
costosos, cosa que en países como el nuestro es un argumento risible, porque
aunque somos un país pobre, gastamos y nos actualizamos en términos
tecnológicos como un país rico, por lo cual eso no es traba alguna para que se
sigan realizando, porque los que pagan por ese ilegal servicio no escatiman
recursos ni regatean precios para tener vigilados a los ciudadanos de su
interés.
Aquí graba todo el mundo y de
todos los litorales políticos, es una perniciosa costumbre, que ha hecho que
cada gobernante de turno cuando llegue al Palacio Nacional tenga su interceptor
favorito, más lo que le ofrecen los servicios de seguridad del Estado, por lo
cual todo lo que se habla o se escribe corre el riesgo de ser conocido por el
gobierno, por la oposición y si es empresario por la competencia, toda la ciudadanía
tiene conocimiento de estas actividades ilícitas, lo ven hasta normal, es por
esto, que descargan nuevas aplicaciones, como Telegram o Signal, entre
otras, para tratar de cuidar lo que decimos o escribimos por el permanente
temor de que se nos viole nuestro derecho a la intimidad.
Se ha vuelto costumbre y hasta
una regla, que las reuniones en donde se traten temas delicados, se les pida a
los asistentes poner su celular en modo avión o simplemente no entrar con ellos
en donde se va a producir el encuentro, porque se tiene el convencimiento que
los avances tecnológicos también están aquí, y aunque nuestros celulares estén
apagados, se cree que este ni regatean precios para tener vigilados a los
ciudadanos de su interés.
Aquí graba todo el mundo y de
todos los litorales políticos, es una perniciosa costumbre, que ha hecho que
cada gobernante de turno cuando llegue al Palacio Nacional tenga su interceptor
favorito, más lo que le ofrecen los servicios de seguridad del Estado, por lo
cual todo lo que se habla o se escribe corre el riesgo de ser conocido por el
gobierno, por la oposición y si es empresario por la competencia, toda la
ciudadanía tiene conocimiento de estas actividades ilícitas, lo ven hasta
normal, es por esto, que descargan nuevas aplicaciones, como Telegram o Signal, entre otras, para tratar de cuidar lo que decimos o
escribimos por el permanente temor de que se nos viole nuestro derecho a la
intimidad.
Se ha vuelto costumbre y hasta
una regla, que las reuniones en donde se traten temas delicados, se les pida a
los asistentes poner su celular en modo avión o simplemente no entrar con ellos
en donde se va a producir el encuentro, porque se tiene el convencimiento que
los avances tecnológicos también están aquí, y aunque nuestros celulares estén
apagados, se cree que este puede como quiera interceptar o grabar lo hablado en
la misma.
Las interceptaciones
telefónicas tienen una naturaleza excepcionalísima, pues violan derechos
fundamentales consagrados en el artículo 44 de nuestra Carta Magna, que protege
el principio de la inviolabilidad del secreto “de la comunicación telegráfica,
telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro
medio”, solo se puede interceptar por autorización de un juez o de una
autoridad competente de conformidad con la ley y solo deben disponerse estás
autorizaciones cuando se relacionen con procesos a ventilarse en justicia.
La interceptación desde el
sector público en algún momento inclusive, ha sido cuestionada como cuando
autorizaron pinchar el teléfono en el anterior gobierno de la magistrada Miriam
German Brito, hoy Procuradora General de la República, lo que evidenció que
hasta los mismos miembros de la judicatura son víctimas de las malsanas
escuchas telefónicas.
Por más resoluciones del
INDOTEL, reglamentos para esos fines emitidos por la Suprema Corte de Justicia
y sentencias del Tribunal Constitucional existan todas hasta el día de hoy, son
letras muertas, porque tan ilegal actividad sigue desarrollándose en el país
“tan campante como Johnny Walker”.
Siendo sinceros, esa práctica
no solo se realiza en nuestra nación, está también en otros países, no, tal
vez, con el desparpajo con el que se hace aquí pero, de igual forma, ilegal
como en el caso de Colombia que tiene en las cuerdas al expresidente Álvaro
Uribe, cuando en su gestión de 8 años desde la policía política, llamado
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se espió a políticos,
militares, periodistas, jueces, sindicalistas, académicos, etc.
En Colombia las interceptaciones
telefónicas les llaman chuzadas, así mismo se titula el libro de una
impresionante investigación de un reportero colombiano, llamado Julián F.
Martínez, donde con datos y una rigurosa documentación, prueba que hubo ocho
años de espionaje permanente por parte de la seguridad del Estado a todos los
que desearon.
Los dominicanos estamos tan
acostumbrados a que nos espíen que hemos asumido con una aceptación pasmosa que
se nos viole nuestra privacidad sin hacer nada para evitarla, ya que ni siquiera
nos quejamos por ser víctima de esta práctica ancestral, “como la práctica,
hace al maestro”, ahora como si no fuera poco esa perniciosa e ilegal acción,
nuestros ciudadanos se dedican ahora a grabar desde sus dispositivos móviles
las conversaciones, actividades de vecinos y todo lo que le pasa a su
alrededor, produciendo con ello tal nivel de desconfianza que les piden en
reuniones donde se van a tratar temas delicados que los participantes tienen
que dejar afuera de la mismas sus celulares, ¡¡¡este es el colmo, hasta dónde
hemos llegado!!!
Es que hemos perdido desde
hace mucho en esta media isla la capacidad de asombro, porque aquí todas las
inconductas las imitamos, y las prácticas permanentes las convertimos en
habituales, generando una sociedad amoral, donde “na’ e’ na’” y “todo está
bien”, porque aclimatados a este usual hábito, nos creemos que esta nociva
praxis será para siempre, y lo único que nos queda es adaptarnos a vivir con
ella pero, lo cierto es que somos muchos los ciudadanos que estamos ¡hastiados
que nos espíen!
Que algo debemos de hacer para
despertar la conciencia nacional, para detener esta ilegal práctica, exigiendo
ahora que existe un Ministerio Público independiente, que sean sometidos a la
justicia todos los que se dediquen a esa lucrativa actividad, a fin de que
algún día retomemos el camino del respeto a los derechos ciudadanos.
Sabemos que estamos ante un
mundo al parecer, donde lo privado no existe, y cualquiera está expuesto a que
su vida personal llegue a las redes sociales y que conocidos hackers estén espiando para naciones a
líderes y estadistas de otros países a través de escuchas telefónicas e
interferencias de los cables submarinos de conexiones a internet y mensajes de
textos, como el escándalo que se ha producido por el espionaje a varios jefes
de gobierno europeos, entre ellos a la canciller alemana, Angela Merkel.
Defendamos nuestra privacidad,
el derecho constitucional que protege nuestra intimidad, demostremos que
estamos cansados de cuidarnos de todo lo que hablamos por teléfono y de los que
escribimos en nuestros correos electrónicos o por el muy utilizado WhatsApp, el presidente Abinader tiene
la oportunidad de casarse con la gloria y tomar la iniciativa de acabar con esa
práctica perjudicial que mantiene en vilo a toda la población, que se cuida por
razones políticas, económicas, preferencias sexuales y múltiples alegatos o
motivos.algún día retomemos el camino del respeto a los derechos ciudadanos.
Sabemos que estamos ante un
mundo al parecer, donde lo privado no existe, y cualquiera está expuesto a que
su vida personal llegue a las redes sociales y que conocidos hackers estén espiando para naciones a
líderes y estadistas de otros países a través de escuchas telefónicas e
interferencias de los cables submarinos de conexiones a internet y mensajes de
textos, como el escándalo que se ha producido por el espionaje a varios jefes
de gobierno europeos, entre ellos a la canciller alemana, Angela Merkel.
Defendamos nuestra privacidad,
el derecho constitucional que protege nuestra intimidad, demostremos que
estamos cansados de cuidarnos de todo lo que hablamos por teléfono y de los que
escribimos en nuestros correos electrónicos o por el muy utilizado WhatsApp, el presidente Abinader tiene
la oportunidad de casarse con la gloria y tomar la iniciativa de acabar con esa
práctica perjudicial que mantiene en vilo a toda la población, que se cuida por
razones políticas, económicas, preferencias sexuales y múltiples alegatos o
motivos.
Si no paramos esa detestable e ilegal práctica y construimos mecanismos de respeto a los derechos de la gente a no ser espiados, estamos auspiciando que la palabra privacidad con el tiempo tienda a desaparecer, ya que nada será privado.