Reafirma que
las pruebas son suficientes para condenar, además, a siete años de prisión a
Conrado Pittaluga Arzeno y a cinco años a los coimputados Tommy Alberto Galán
Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández.
El Ministerio Público solicitó condena de 10 años de prisión contra Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, así como el decomiso de bienes, por su responsabilidad penal en el caso que se le sigue por recibir y distribuir los sobornos que Odebrecht admite que repartió en República Dominicana para agenciarse la adjudicación de obras estatales.
Para el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron una pena de siete años de prisión, mientras que para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández solicitaron cinco años.
El Ministerio Público pidió, además, que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.
También, pidió el decomiso de productos financieros y cientos de bienes muebles e inmuebles obtenidos de manera ilícita por los procesados en este caso de corrupción administrativa.
“Nosotros estamos seguros, y la seguridad nos la da que siempre hemos obrado con relación a la verdad, en que hemos presentado pruebas legalmente obtenidas y en que ninguna de las pruebas de la defensa, que ya se aportaron antes, hacen variar las pruebas del Ministerio Público”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca.
“El Ministerio Público en el día de hoy ha cumplido con la promesa que le hicimos al pueblo dominicano de que íbamos a demostrar ante este tribunal la responsabilidad de los implicados en el caso Odebrecht, responsabilidad esta que quedó demostrada con cada uno de los elementos de prueba”, dijo.
Resaltó la “unión armónica” de todas las evidencias, alcanzada por los fiscales en los argumentos conclusivos del juicio de fondo que lleva el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. “Pruebas que este Ministerio Público presentó durante estos ochos meses de audiencia en el tribunal y pruebas que inequívocamente conducirán a la condena de los imputados”, sostuvo.
Planteó que el órgano de la persecución penal dejó claramente probado ante el tribunal, y con fuertes evidencias, la participación de los imputados en la comisión de delitos de corrupción y lavado de activos.
Sostuvo que el Ministerio Público ya informó, como lo planteó el procurador adjunto Wilson Camacho, que la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizan una investigación denominada Odebrecht 2.0, de la cual “todos verán los resultados”.
Recordó que en los alegatos de clausura los fiscales litigantes recogen toda la información que sirvieron al tribunal de manera dispersa en los últimos meses, “en un alegato coherente que muestre al tribunal cómo ocurrieron los hechos”.
La fiscal Ortiz respondió preguntas de los periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras concluir la audiencia de este martes.
Recordó que la procuradora general de la
República se mantiene ajena al proceso. “Como todos ustedes saben, la
magistrada Miriam Germán se ha inhibido formalmente del caso Odebrecht, tras en
la Suprema Corte de Justicia, haber quedado evidenciado, por ella misma, que
tenía un vínculo de amistad con el señor Víctor Díaz”, añadió.
“Eso no es un secreto para nadie, y en
base a esa realidad, la magistrada, de manera correcta, cuando llega al
Ministerio Público, decide apartarse de este proceso, por tanto, para este caso
la magistrada Miriam Germán no funge como procuradora general de la República,
sino que esa responsabilidad recae sobre Rodolfo Espiñeira”, explicó.
Durante la audiencia de este martes, el
fiscal Wagner Cubilete, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio
Público, inició con la solicitud de decomiso de bienes propiedad del imputado
Rondón Rijo, luego de que el Ministerio Público estableciera que se enriqueció
ilícitamente producto de sus actividades con Odebrecht a quien sirvió como
representante comercial en el país.
El Ministerio Público pidió al tribunal
que sean decomisados diferentes inmuebles ubicados en la Torre Caney, de la
avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, así como en Baní, provincia Peravia;
Las Terrenas, en Samaná; San Pedro de Macorís, El Seibo, Higüey, La Altagracia
y otras localidades del país, además de certificados de títulos, certificados
de inversión y cuentas corrientes y de ahorro en pesos y dólares de diferentes
entidades bancarias.
