México: Las autoridades no deben permitir la impunidad frente a los abusos contra la periodista Lydia Cacho




El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una decisión reconociendo la violación de los diferentes derechos humanos de la periodista Lydia Cacho por el Estado mexicano después de su detención arbitraria en 2005.

En 2005, la periodista fue torturada tras la publicación de un libro sobre prostitución infantil que involucraba a empresarios y políticos de alto rango. Hace dos días, un tribunal amparó contra la orden de encarcelamiento al responsable de los atropellos. Las dependencias de la ONU para las garantías fundamentales y la igualdad de las mujeres piden que no quede impune ese grave delito, que se suma a otros abusos cometidos contra Lydia Cacho.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instaron este jueves al esclarecimiento de los delitos y transgresiones de los derechos de la periodista y defensora de las garantías fundamentales Lydia Cacho.

En 2005, Cacho publicó el libro “Los demonios del edén”, que traía a la luz la operación de una red de prostitución infantil que implicaba a empresarios y políticos de alto nivel. Varios meses después, el mismo año, agentes del gobierno del estado de Puebla la detuvieron en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por presuntos cargos de difamación contra el empresario Kamel Nacif, cercano al gobernador del estado de Puebla.

La periodista fue trasladada por tierra a Puebla en un vehículo de Kamel Nacif, según el testimonio de Cacho. Durante el largo trayecto -unos 1500 kilómetros-, sufrió torturas y amenazas que buscaban que desmintiera la información contenida en el libro.


Un mes después, se dio a conocer una grabación entre el empresario y el entonces gobernador poblano, Mario Marín, en la que hablaban de la intimidación a la comunicadora. Con esa revelación, la Suprema Corte de Justicia de México abrió una investigación sobre la tortura padecida por Cacho que no avanzó durante años.
Órdenes de aprehensión

En 2019, el nuevo gobierno mexicano le pidió disculpas a la periodista y giró órdenes de aprehensión contra el ex gobernador y el empresario, así como contra el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam. Marín fue detenido en febrero de este año, pero Nacif y Karam siguen prófugos.

El 15 de julio pasado, un tribunal con sede en Cancún amparó a Nacif contra el auto de formal prisión. ONU Mujeres y la Oficina de Derechos Humanos recordaron “la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista y defensora de derechos humanos” por desempeñar un trabajo legítimo.

Las dependencias de la ONU señalaron que para evitar que los responsables sigan impunes, dicha investigación debe incorporar plenamente la perspectiva de género e identificar no sólo a los perpetradores sino a los autores intelectuales de los abusos.

Asimismo, reiteraron su solidaridad con Lydia Cacho y encomiaron a los defensores de derechos humanos y periodistas que han apoyado su búsqueda de justicia.

Agregaron que México requiere del compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales, para atender de forma adecuada las violaciones de derechos humanos, haciendo efectivos los derechos de las víctimas de acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.
Estereotipos de género

Se refirieron también a la obligación de las autoridades de cumplir con el Dictamen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que determinó que el Estado mexicano violó “el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión”.

También subrayaron el apartado del Dictamen que dice que los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial “tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres” y pueden impedir el acceso a la justicia.

En este sentido, el Dictamen afirmó que las acciones padecidas por la periodista tuvieron el tuvieron “un objetivo discriminatorio por razón del sexo”, dados los comentarios y el trato sexualizado, así como violencia de género infligida contra Cacho.
Mujeres periodistas e impunidad

Las oficinas de la ONU en México destacaron el papel crucial del periodismo en las sociedades, evidente en el trabajo de Lydia Cacho, que ha dado a conocer atropellos ejercidos desde las esferas del poder.

“La impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista y a sus familiares, sino que favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, apuntaron.
Dieciséis años de amenazas

Desde la primera transgresión de sus derechos en 2005, Lydia Cacho ha sufrido acoso y amenazas de muerte que la han hecho salir huyendo del país en varias ocasiones.

En 2019 su casa fue asaltada una vez más cuando ella no estaba. Al regresar, encontró muertos a sus dos perros y le habían robado material de trabajo relacionado con una investigación sobre pederastia.

Y apenas la semana pasada, el 21 de julio, varios individuos no identificados dañaron el equipo de seguridad de la casa de la periodista en el estado de Quintana Roo, en el sureste de México, y nuevamente allanaron el domicilio para sustraer material con información importante.

El Sistema de las Naciones Unidas en México condenó esa transgresión y llamó al Estado mexicano a garantizar la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos, ajustándose a sus obligaciones constitucionales y a los estándares internacionales.

En esa ocasión, la ONU declaró que agresión contra Lydia Cacho no es un caso aislado y que refleja la discriminación y violencia de género que sufren la mayoría de las defensoras y periodistas en el mundo por el hecho de ser mujeres.