Santo Domingo, RD.- El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.
Se trata de un dispositivo
bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de
3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.
La compra de los referidos
equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la
asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de
investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.
El entonces director de
Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General
de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la
solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, recibió
el citado equipo.
Posteriormente, Forteza Ibarra
emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este
equipo se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de
2020.
Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.
Sin embargo, el supuesto
verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar
espionaje ilegal”.
A finales de agosto de 2020,
el procurador fiscal de Independencia recibió una llamada de la asistente del
procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la
PGR.
Fue entonces que en fecha 2 de
septiembre del 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil
Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR
correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de
Independencia.
Según expone el documento
depositado por el Ministerio Público la noche del pasado miércoles, Álvarez se
reunió con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el
dispositivo, para que lo devolviera a la institución.
Cabe señalar que la solicitud
de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se
expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta
entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del
Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información
y Comunicación, quienes gestionaron la compra.
Estas informaciones fueron
recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de
agosto del año 2020, por la gestión de la actual Procuradora General de la
República, Miriam Germán Brito.
Al profundizar en las
investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción
haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo
fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional, propiedad del
exprocurador Rodríguez, ubicada en Casa de Campo.
“Espiaron e interceptaron
comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de
espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones
privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.
Pero el pasado mes de julio no
fue la primera y única vez en que se adquiriera uno de estos dispositivos. En
2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las
cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro
Forteza Ibarra.
Sin embargo, y según consta en
certificación de la Directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda
Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con
bloqueadores de señal.
Operación Medusa
La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio
Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como
involucrados al exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo
Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra;
Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio
Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
Además, Altagracia Guillén
Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo
Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli
Guevara.
La noche del pasado miércoles,
la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia
de Ciudad Nueva.
Para el grupo acusado de
integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de
funcionarios, delitos electrónicos y lavado de activos, entre otros ilícitos,
se pidió prisión preventiva y declaratoria del caso como complejo.
Por: Ramón Cruz Benzan, Yadimir Crespo, Yudelka Domínguez, Saulo Mota, Helenny Amparo, para listin diario