Hace cuatros años, Jean Alain
Rodríguez ingresaba a la Procuraduría como la máxima autoridad, hoy entró a un
tribunal para comparecer como un imputado, y uno no cualquiera, como acusado de
estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos
Al exprocurador y otros siete
implicados en el supuesto entramado de corrupción, que presuntamente desvío
fondos millonarios de la Procuraduría, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de
Atención Permanente del Distrito Nacional, le conocerá hoy medida de coerción.
Los imputados ya fueron
ingresados al salón de audiencias. Esposados, con chalecos antibalas, cascos y
custodiados por agentes penitenciarios, fueron bajados desde la cárcel
preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva (ubicada en el cuarto
piso y donde han permanecido esta semana).
El Ministerio Público está
solicitando que se le imponga prisión preventiva. Son acusados de estafa contra
el Estado, soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de
documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de
malhechores y lavado de activos.
Los otros implicados son
Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría;
Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la
entidad; Rafael Mercede Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad;
Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Javier Forteza
Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información;
Jenny Marte Peña, exencargada de construcción del Plan de Humanización del
Sistema Penitenciario y Alfredo Solano Augusto.
De acuerdo a las
investigaciones del Ministerio Público, Jean Alain y sus alegados cómplices
malversaron millones de pesos de la Procuraduría sin ningún reparo y para que
no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición
incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las
principales fuentes de información.
Supuestamente, el grupo
formateó la data de información de departamentos administrativos y borró las de
otras direcciones donde presuntamente realizaron maniobras para distraer
dinero.
El Ministerio Público,
explica, por ejemplo, que eliminaron la base de datos del Departamento de
Contabilidad, donde alegadamente se hacían trucos para crear nóminas de
contratos ficticios y con esto desviar fondos.
El responsable de borrar los
datos, dice el órgano acusador, es el imputado Javier Forteza Ibarra, quien
ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la
Procuraduría.
El grupo supuestamente
incurrió en varias prácticas para sustraer dinero del Estado y malgastó dinero
sin control alguno.
En la solicitud de medida de
coerción, se explica que solo para anunciar que ampliarían la cárcel Najayo y
que construirían La Nueva Victoria se gastaron más de 8 millones de pesos, y
para el montaje escogieron una empresa que tenía vínculos con Jean Alain desde
mucho antes de ser procurador.
Con la pandemia,
supuestamente, vieron otra oportunidad para distraer fondos. El Ministerio
Público indica que adquirieron materiales para enfrentar la covid-19, pero
previamente ya habían seleccionado los proveedores vinculados a ellos mismos.
De acuerdo a las pesquisas, el
imputado Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de
la Procuraduría, era el encargado de recolectar el 10 % del pago de las
empresas beneficiarias como proveedores de obras y servicios.
Además, continúan detallando
los fiscales anticorrupción, adquirían combustibles de forma fraudulenta. En
febrero del pasado año, supuestamente, se gastaron más de 10 millones de pesos
en compra de gasolina y gasoil, pero en la actualidad no hay evidencia de a
quién le fue entregado.
Para la malversación de
fondos, presuntamente, los ocho implicados sobrevaloraron hasta cuatro veces el
precio original de instrumentos de antropología para el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses (Inacif).
El dinero fue donado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que
entregó a la Procuraduría casi dos millones de pesos.
Pero algo peor pasó con la
adquisición de equipos para sistema de monitoreo, seguridad y vigilancia de las
cárceles dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, pues, dicen
los investigadores, que se gastaron más de 420 millones de pesos y muchos de
esos no están en poder de la Procuraduría y no hay registros de su paradero.
Las pesquisas de la
Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca) arrojaron que también se utilizaron programas informáticos para espiar
a los empleados de la institución, se interceptaron sus comunicaciones y las de
cientos de ciudadanos.
“En una maquinaria de
espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones
privilegiadas”, precisa en la solicitud de medida de coerción.
Según los fiscales, los
imputados utilizaron la Procuraduría como una especie de comando político o
centro de operación desde donde se dirigía el movimiento político Renovación y
las aspiraciones personales de Jean Alain.
El grupo y miembros de
Renovación, supuestamente, bajo instrucciones del exprocurador, tomaban el
estacionamiento soterrado de la Procuraduría como depósito de las compras de
bebidas alcohólicas y ahí mismo las envasaban en botellitas plásticas, para ser
distribuida en campañas políticas.
“Durante el transcurso de la
campaña política de 2020 fueron nombrados en distintas zonas del país unos
empleados denominados enlaces comunitarios, los cuales no eran más que
activistas políticos pagados por la Procuraduría General”, indica el
expediente.
Otra irregularidad que presuntamente cometió Jean Alain fue utilizar un dron de la Procuraduría, comprado de manera fraudulenta, para ser usado en una villa vacacional que posee. Fuente: el caribe
