Esposados, con cosco y chalecos antibalas, Jean Alain y compartes llegan ante tribunal acusado de corrupción

 

Hace cuatros años, Jean Alain Rodríguez ingresaba a la Procuraduría como la máxima autoridad, hoy entró a un tribunal para comparecer como un imputado, y uno no cualquiera, como acusado de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos

Al exprocurador y otros siete implicados en el supuesto entramado de corrupción, que presuntamente desvío fondos millonarios de la Procuraduría, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le conocerá hoy medida de coerción.

Los imputados ya fueron ingresados al salón de audiencias. Esposados, con chalecos antibalas, cascos y custodiados por agentes penitenciarios, fueron bajados desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva (ubicada en el  cuarto piso y donde han permanecido esta semana).

El Ministerio Público está solicitando que se le imponga prisión preventiva. Son acusados de estafa contra el Estado, soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de malhechores y lavado de activos.

Los otros implicados son Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría; Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; Rafael Mercede Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad; Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Javier Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información; Jenny Marte Peña, exencargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y  Alfredo Solano Augusto.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Jean Alain y sus alegados cómplices malversaron millones de pesos de la Procuraduría sin ningún reparo y para que no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las principales fuentes de información.

Supuestamente, el grupo formateó la data de información de departamentos administrativos y borró las de otras direcciones donde presuntamente realizaron maniobras para distraer dinero.

El entramado a fondo según el expediente de la Procuraduría

El Ministerio Público, explica, por ejemplo, que eliminaron la base de datos del Departamento de Contabilidad, donde alegadamente se hacían trucos para crear nóminas de contratos ficticios y con esto desviar fondos.

El responsable de borrar los datos, dice el órgano acusador, es el imputado Javier Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la Procuraduría.

El grupo supuestamente incurrió en varias prácticas para sustraer dinero del Estado y malgastó dinero sin control alguno.

En la solicitud de medida de coerción, se explica que solo para anunciar que ampliarían la cárcel Najayo y que construirían La Nueva Victoria se gastaron más de 8 millones de pesos, y para el montaje escogieron una empresa que tenía vínculos con Jean Alain desde mucho antes de ser procurador.

Con la pandemia, supuestamente, vieron otra oportunidad para distraer fondos. El Ministerio Público indica que adquirieron materiales para enfrentar la covid-19, pero previamente ya habían seleccionado los proveedores vinculados a ellos mismos.

De acuerdo a las pesquisas, el imputado Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría, era el encargado de recolectar el 10 % del pago de las empresas beneficiarias como proveedores de obras y servicios.

Además, continúan detallando los fiscales anticorrupción, adquirían combustibles de forma fraudulenta. En febrero del pasado año, supuestamente, se gastaron más de 10 millones de pesos en compra de gasolina y gasoil, pero en la actualidad no hay evidencia de a quién le fue entregado.

Para la malversación de fondos, presuntamente, los ocho implicados sobrevaloraron hasta cuatro veces el precio original de instrumentos de antropología para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El dinero fue donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que entregó a la Procuraduría casi dos millones de pesos.

Pero algo peor pasó con la adquisición de equipos para sistema de monitoreo, seguridad y vigilancia de las cárceles dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, pues, dicen los investigadores, que se gastaron más de 420 millones de pesos y muchos de esos no están en poder de la Procuraduría y no hay registros de su paradero.

Las pesquisas de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrojaron que también se utilizaron programas informáticos para espiar a los empleados de la institución, se interceptaron sus comunicaciones y las de cientos de ciudadanos.

“En una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”, precisa en la solicitud de medida de coerción.

Según los fiscales, los imputados utilizaron la Procuraduría como una especie de comando político o centro de operación desde donde se dirigía el movimiento político Renovación y las aspiraciones personales de Jean Alain.

El grupo y miembros de Renovación, supuestamente, bajo instrucciones del exprocurador, tomaban el estacionamiento soterrado de la Procuraduría como depósito de las compras de bebidas alcohólicas y ahí mismo las envasaban en botellitas plásticas, para ser distribuida en campañas políticas.

“Durante el transcurso de la campaña política de 2020 fueron nombrados en distintas zonas del país unos empleados denominados enlaces comunitarios, los cuales no eran más que activistas políticos pagados por la Procuraduría General”, indica el expediente.

Otra irregularidad que presuntamente cometió Jean Alain fue utilizar un dron de la Procuraduría, comprado de manera fraudulenta, para ser usado en una villa vacacional que posee. Fuente: el caribe