Confía en que el Poder Judicial producirá una
decisión ajustada a la verdad y gravedad de los hechos imputados.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró este lunes que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes para que sean condenados por enriquecimiento ilícito los imputados del Caso Odebrecht.
“En el día de hoy hemos demostrado al tribunal cómo los funcionarios involucrados en este proceso deben ser condenados por enriquecimiento ilícito y esas pruebas se aportaron en el tribunal, incluso, indicando los bienes y cuentas que fueron ocultados por funcionarios que están vinculados en este proceso”, precisó Camacho.
Resaltó que, gracias a la transmisión
del juicio habilitada por el Poder Judicial a través de su canal oficial de
Youtube, toda la sociedad puede ver la realidad objetiva de la acusación que
sostiene el Ministerio Público en el Caso Odebrecht.
Destacó que el Ministerio Público establece en sus
conclusiones las razones por las que el tribunal deberá pronunciar sentencia
condenatoria con relación al tema de lavado de activos.
“Esperamos avanzar con el resto de los imputados que
faltan y, a más tardar el jueves, estar presentando las conclusiones formales y
que al final el tribunal tome una decisión, y que esa decisión sea ajustada a
la verdad y al derecho que es lo que espera el Ministerio Público”, dijo el
titular de la Pepca.
Camacho agradeció a los periodistas que cubren la fuente
del Poder Judicial y que, antes de abordarlo sobre el caso, le desearon una
recuperación completa de su salud luego de superar la COVID-19.
Respecto al acusado Porfirio Andrés Bautista García, el
procurador adjunto reafirmó que el exsenador exhibió un enriquecimiento de más
de más de 1,090 millones de pesos. Como solo un ejemplo, recordó que el
Ministerio Público presentó al tribunal una lista de bienes inmuebles que
fueron excluidos por el imputado en su declaración jurada de patrimonio.
Incluso, dijo, el imputado presentó
dos declaraciones juradas fuera de fecha. “Y hemos establecido cómo se actuó en
consecuencia contrario a la Ley 82-79, que es la que regía la materia”, agregó
Camacho, quien encabeza el equipo de fiscales litigantes que forman parte de la
lucha contra la impunidad.
La audiencia continúa este martes 27 de julio a las 9:00
de la mañana. Este lunes, los fiscales Mirna Ortiz, Joel López y Ángel Darío
Tejeda Fabal presentaron los alegatos de clausura respecto a la acusación contra
los imputados Ángel Rondón Rijo, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto
Rodríguez Hernández y Porfirio Andrés Bautista García.
En el proceso el Ministerio Público demostró que el
imputado Ángel Rondón Rijo constituyó un entramado societario conformado por
varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito de esa empresa.
Después de que Ortiz finalizara sus planteamientos
respecto a Rondón Rijo, el fiscal Joel López continuó con la exposición de la
conclusión respecto a los sobornos entregados a Tommy Alberto Galán Grullón.
El representante del Ministerio Público dijo que el
tribunal ha podido comprobar durante el juicio cómo Galán Grullón fue
aumentando sus ingresos de forma ilegítima.
Explicó, durante su intervención, que su crecimiento
patrimonial se produjo cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo,
“cuando se estaban desarrollando las obras de importancia que realizó esa
compañía en el país”.
Posteriormente, presentó el discurso de clausura respecto
al procesado Roberto Rodríguez Hernández, quien dijo ocultó informaciones
relevantes en sus declaraciones juradas.
En ese sentido, indicó que no declaró varias sociedades
comerciales de las cuales formaba parte, entre ellas, algunas de las que tenía
el 50% de las acciones según las pruebas obtenidas.
Dijo que el tribunal está en condiciones de dictar una
sentencia condenatoria en contra del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández,
quien es acusado de incurrir en actividades del lavado de activos,
enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
En tanto que el fiscal Tejeda Fabal presentó el discurso
de clausura respecto al imputado Porfirio Andrés Bautista García, durante el
cual resaltó que se enriqueció de manera ilícita.
Además, según las pruebas aportadas por el Ministerio
Público quedó evidenciado la falsedad en sus declaraciones juradas de bienes al
omitir de forma deliberada la existencia de una gran cantidad de bienes.
En la actual fase del proceso, el Ministerio Público
expone sus conclusiones respecto a la acusación presentada en contra del
representante empresarial Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga
Arzeno, así como de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y
director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa);
Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa; Porfirio Andrés
Bautista García, expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón,
exsenador de San Cristóbal.
A todos se les imputa haber participado en la recepción y
distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber
entregado en el país con el fin de ser favorecida con la adjudicación de
grandes obras estatales.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel
Naranjo dispusieron este lunes la reanudación del juicio, luego de que fuera
suspendido el pasado 15 de julio para dar tiempo a las partes de preparar sus
discursos de clausura.