Ministerio Público está obligado a presentar un caso creíble, sustentado en pruebas contundentes, respetando del debido proceso
El Colegio de
Abogados de la Republica Dominicana (CARD), considera el proceso contra el ex
procurador Jean Alain Rodríguez, como el más importante y transcendental de los
últimos 30 años, pues no se trata de un mero caso de corrupción, sino que el
Ministerio Publico actual, está acusando a quien fungió como Jefe del
Ministerio Público, y por ende Director de la Persecución Criminal de la Republica
Dominicana, de encabezar una banda criminal, dedicada no solo a alterar
registros Judiciales, sobornos, falsificación, sino a Estafar al Estado
Dominicano, mediante transacciones fraudulentas, incluyendo la sobrevaluación
de la Cárcel Nueva Victoria, en cuya construcción fueron invertidos los fondos del caso
ODEBRECHT, con lo cual, nos
convertiríamos en el único País del Mundo, donde hasta el cuerpo de delito de
dicho caso, es sustraído, razón por la cual, el Ministerio Público se encuentra
obligado a presentar pruebas contundentes de las escandalosas acusaciones
vertidas en el proceso “OPERACIÓN MEDUSA”.
Entendemos
que de comprobarse los gravísimos hechos planteados en la “OPERACIÓN MEDUSA”,
obligaría a una reforma profunda en la Justicia, que garantice el destierro
definitivo de los Políticos del Ministerio Público y del Poder Judicial, pues
no es posible que un político, proveniente de la alta dirigencia de un partido
político, sea designado, sin más, ni más, como Procurador General de la
República o Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Necesitamos muchas
MIRIAN GERMAN que garanticen niveles de objetividad y justicia que despierten
la confianza de todos; pues no establecer un sistema de selección del
Procurador General de la Republica que requiera la escogencia de una Fiscal de
Carrera, apolítico, honesto y preparado, nos convertiría en un Estado Fallido.
Hacemos un llamado a todos los partidos políticos a aunar esfuerzos para esa gran reforma de la Justicia, que evite que la corrupción e impunidad permeen la administración de Justicia, lo que sería una garantía tanto para esta sociedad que no quiere políticos en las Cortes, sino árbitros, paro además para los propios políticos, para los que hoy están en la oposición que tienen el temor de persecuciones injustas, pero para los actuales funcionarios del partido oficial, que requieren que, si mañana salen del poder, tampoco sean perseguidos en venganza fratricida. Un árbitro inamovible, de carrera en la Procuraduría y en el Poder Judicial, es una garantía de justicia y predictibilidad para todos.
