Las
autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) ocuparon dinero y armas a miembros de una red de lavado de activos,
durante allanamientos simultáneos realizados en distintas zonas de las
provincias San Pedro de Macorís y Hato Mayor.
Miembros de la Procuraduría
Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la
Fiscalía de Santo Domingo Oeste, conjuntamente con agentes del órgano
antinarcóticos, ocuparon durante la operación 355 mil 300 pesos, 9 mil
dólares y 15 euros, así como armas de fuego.
También, aparatos electrónicos y
diferentes documentaciones, incluidos cuentas bancarias, depósitos y títulos de
propiedad.
Las evidencias fueron ocupadas
durante allanamientos en una villa de la zona turística Juan Dolio, en San
Pedro de Macorís, y en una finca de la provincia Hato Mayor.
Las acciones se ejecutaron en el
marco de una investigación que llevan a cabo las autoridades contra la red, a
la cual le habían ocupado el pasado 10 de febrero 19.39 kilogramos de
cocaína en momentos en que pretendían sacarlos del país en dos carros clásicos,
marca Oldsmobile, años de fabricación 1983 y 1984.
El Ministerio Público indicó que
en el transcurso de las pesquisas de este caso ya fue sometida por la
jurisdicción de Santo Domingo Oeste Llérica García Paniagua, quien fungía como
parte operativa de la red y quien pretendía sacar del país la sustancia en los
referidos vehículos. Esta imputada recibió como medida de coerción una garantía
económica, por encontrarse en estado de gestación.
También, Martín Andrés Rodríguez,
de nacionalidad argentina, y el peruano Nicanor Sucasaca, ambos con prisión
preventiva.
Las autoridades explicaron que
trabajan en la localización y captura de otros miembros de la red que se
encuentran prófugos.
La investigación de lavado de
activos, con delito precedente de narcotráfico, busca desarticular la red
criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a
diferentes lugares, como Hong Kong, destaca un comunicado de prensa divulgado
por el Ministerio Público.
Igualmente, las autoridades
buscan identificar bienes muebles e inmuebles obtenidos producto de la
actividad ilícita, así como lograr el cierre operativo de las empresas de
fachada creadas por la estructura criminal.