Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de
Seguridad Nacional, en diálogo con Voz de América expresó que el gobierno de Joe Biden analiza
aplicar una ley aprobada por el Congreso en 2018, conocida como Nica
Act, que posibilita sancionar a funcionarios y ex funcionarios de Nicaragua.
Mediante un
comunicado el Departamento de Estado insto al régimen de Ortega que libere a
Chamorro “es un abuso de sus derechos,
y representa un ataque a los valores democráticos, así como un claro intento de
frustrar unas elecciones libres y justas”.
“La
detención de la Señora Chamorro se produce en medio de incesantes ataques a los candidatos
presidenciales pro-democracia y a los medios de comunicación
independientes. El régimen de Ortega se ha comprometido a impedir que la Señora Chamorro
participe en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de
dos partidos políticos de la oposición”, agregó el comunicado.
En esa línea,
resaltó que “en lugar de aplicar las
reformas electorales en el plazo establecido por la Organización de Estados
Americanos, el presidente Ortega instituyó nuevas restricciones y redujo la
transparencia electoral”.
“Las
condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con unas
elecciones creíbles. La región y
la comunidad internacional deben estar junto al pueblo nicaragüense en apoyo de
su derecho a elegir libremente su gobierno”, concluyó el departamento a
cargo de Antony Blinken.
Chamorro fue acusada el martes por el Ministerio
Público de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en
concurso real con lavado de dinero, bienes y activos, por su rol al frente de
la prestigiosa Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
